Ha vuelto a suceder. Ha vuelto a desaparecer de dependencias policiales una cantidad asombrosa de droga.
Primero fue en Sevilla, después en Málaga; más tarde, de nuevo en Sevilla; ahora, en Cádiz: cuatro robos en los que se han sustraído centenares de kilos de droga, lo que ha provocado además el colapso de investigaciones que habían supuesto años de esfuerzo y riesgos para muchos abnegados profesionales que, día tras día, se juegan la vida en la lucha contra el crimen.
Sucesos tan graves como estos hacen que sobre las Fuerzas de Seguridad recaigan sospechas y acusaciones de corrupción no carentes de lógica: resulta prácticamente imposible que robos de estas características se produzcan sin la colaboración de miembros de las mismas. Se trata, recordemos, de enormes cantidades de droga custodiada en dependencias policiales.
La investigación tiene que ser exhaustiva y urgente y debe ser desarrollada por profesionales ajenos a las comisarías o comandancias afectadas, ya que sólo así la opinión pública se convencerá de su limpieza y de que se hace todo lo posible por llegar hasta el fondo.
Es de todo punto necesario e imprescindible esclarecer lo ocurrido en todos estos casos, averiguar si se han producido otros similares y hacer una franca evaluación de daños, para que la ciudadanía sepa si estamos ante un gravísimo problema de negligencia o ante algo muchísimo peor. El prestigio y la integridad de las Fuerzas de Seguridad está en juego.
Igualmente perentorio es establecer mecanismos y protocolos que impidan nuevos robos de similares características. En este sentido, las declaraciones de Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía Española, a esRadio rebosan sentido común: hay que destruir la droga incautada en el menor plazo de tiempo posible, y conservar sólo aquélla que resulte imprescindible para investigaciones o procesos judiciales en curso.