Está claro que UGT y CCOO no han podido evitar este miércoles, ni siquiera con la fraudulenta y violenta ayuda de sus "matones informativos", el que con creces ya podemos considerar el mayor fracaso de una huelga general en toda la historia de nuestra democracia. Con una patética media de seguimiento que como mucha ronda el 12%, la jornada de paro de este jueves ofrece datos tan ridículos como el de un 7,5% entre los funcionarios públicos, entre el 2% y el 4% en los supermercados, un 10% en el resto de comercios, un 3% en hostelería... Eso, por no hablar del nulo seguimiento entre los autónomos.
En los sectores en los que el ridículo sindical ha sido menos clamoroso es precisamente donde la presión de la violencia de los piquetes se ha hecho más presente. Con todo, los trabajadores del sector del transporte que, ya sea por convicción o por temor, han secundado el paro apenas alcanzan el 21%. Otro tanto podríamos decir del 23,8% de los trabajadores de las empresas públicas.
Ante estos datos, facilitados por el propio Gobierno, no sabríamos decir qué nos ha resultado más patético: si ver a un desolado Corbacho calificar el seguimiento como "desigual y moderado", o ver a los desvergonzados líderes sindicales hablar de un 70% de participación en una jornada de huelga en la que el consumo de electricidad apenas ha caído un 16%.
Aunque los sindicatos digan que esta jornada de huelga "debe tener consecuencias", la primera debería de ser, visto su sonoro fracaso, que Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo presentaran inmediatamente su dimisión al frente de UGT y CCOO. Con todo, no es sólo una cuestión de personas o de liderazgos, sino de los propios sindicatos, que han demostrado su nula capacidad a la hora de representar a los trabajadores tanto como han demostrado ser cómplices de una política que nos ha llevado al borde del abismo. A estos privilegiados vividores del trabajo ajeno ya se les debería haber recortado hace tiempo las subvenciones como consecuencia de una crisis que primero se negaron a admitir y a la que luego contribuyeron a agravar con su inmovilismo y su apuesta por el gasto público y la conservación de una obsoleta regulación laboral. Ahora todavía hay más razón para cortarles el grifo, vista su escasísima capacidad de representar a los trabajadores.
Claro que el sonoro fracaso sindical también debe tener consecuencias para el Gobierno socialista. Y es que Zapatero, con la excusa de la supuesta representatividad de estos grupos de presión, a los que maquilla como agentes sociales, ha dejado aparcadas reformas que desde hace años pide a gritos nuestro encorsetado mercado laboral. La rémora sindical, con la que Zapatero tantos desvaríos ideológicos comparte, ha sido también decisiva para explicar el tardío y escaso giro emprendido por el Gobierno para evitar la bancarrota.
Si los ciudadanos que han decidido liberarse de los sindicatos acudiendo masivamente a sus puestos de trabajo, quieren también mantenerlos al margen de sus bolsillos y liberarse de su tutela a la hora de negociar sus relaciones laborales, será necesario un cambio político en las urnas que lo haga posible. Sólo falta un partido que quiera liderar sin complejos esta rebelión cívica que, también en defensa de los desempleados, millones de trabajadores hemos emprendido con el solo hecho de ir a trabajar.