Decenas de ayuntamientos catalanes mantienen colgadas en sus fachadas banderas secesionistas haciendo caso omiso a la Junta Electoral Central, que el pasado jueves ordenó su retirada de todos los edificios públicos y de los locales electorales durante la campaña.
Aunque retirar la bandera de España de un edificio público, así como colgar una bandera como la estelada, que no pertenece a ninguna ciudad o comunidad, sea un delito, con total independencia de que se esté o no en periodo electoral, no debe extrañar la cantidad de veces que se perpetra, habida cuenta de la clamorosa impunidad que lo acompaña.
Conviene recordar que la Administración regional catalana, inmersa en un desafío al Estado no menor como fue la ilegal consulta secesionista, ha sido siempre la principal destinataria de los Fondos de Liquidez Autonómica, financiación extraordinaria que le ha permitido afrontar los costes de su carísimo como ilegal proceso de construcción nacional. Precisamente uno de los organismos más implicados en este proceso secesionista, la Asamblea Nacional Catalana, es el que ha hecho un llamamiento a la desobediencia a la Junta Electoral Central, como también lo han hecho no pocos representantes de CiU.
Otro gallo cantaría si, además de gobernantes dispuestos a cumplir y hacer cumplir la ley, proliferaran sentencias como la que ha multado con 1.500 euros al alcalde de Calldetenes por no colgar hasta hace unos meses la bandera de España en el Ayuntamiento. Se trata del primer alcalde en ser multado en Cataluña por este motivo. Esperemos que no sea el último.
Aunque a algunos el uso de las banderas les pueda parecer una mera cuestión identitaria, algo emotivo pero de menor importancia, lo cierto es que la bandera nacional simboliza, sobre todo, las libertades y los derechos de todos los españoles. No es casualidad que quienes los quieren conculcar no quieran verla ondear.