Una vez más, los trabajadores de Metro de Madrid amenazan con una huelga y una vez más lo hacen en un momento especialmente delicado para la capital: en un fin de semana con espectáculos multitudinarios (concierto de Bruce Springsteen, final de Copa) que reunirán a decenas de miles de personas, que tendrán muy difícil desplazarse sin esa infraestructura esencial.
Es el irresponsable juego habitual de los sindicatos en las empresas públicas, que acostumbran a tomar a los ciudadanos como rehenes en sus conflictos laborales, sin ningún respeto por su propia propaganda sobre la importancia de los servicios públicos y de que se mantengan bajo titularidad pública.
La verdad, tal y como revela esta nueva huelga con toda crudeza, es que lo que se defiende en esas empresas y con esos conflictos no es el derecho de todos a unos servicios públicos de calidad, ni siquiera unas condiciones laborales justas: lo que se defiende, con un descaro indignante, son unos privilegios con los que la inmensa mayoría de los trabajadores no pueden siquiera soñar.
Ciertamente, cualquier trabajador español se sentiría muy feliz si pudiese disfrutar de 58 días libres al año, dos meses de vacaciones nada más y nada menos; pero a los sindicalistas del metro no les parece suficiente, y no dudarán en colapsar la ciudad, perjudicar gravemente a sus conciudadanos y hacer un enorme daño a la empresa que paga sus nóminas puntualmente para poder disponer no de 58 sino de ¡72 días al año! Un escándalo, una desvergüenza que es insólito se atrevan siquiera a plantear. La Comunidad de Madrid no debe ceder bajo ningún concepto.
Es también un conflicto que deja muy claro cuál es el papel real de los sindicatos en nuestro país: no defienden a los trabajadores humildes que necesitan el metro para ir a sus trabajos o para disfrutar de su tiempo libre; defienden los escandalosos privilegios de una casta de enchufados al presupuesto público que trabajan mucho menos que los demás pero cobran mucho más.
El problema, además del descaro con el que los sindicatos se han convertido en clubes de intereses de privilegiados, es que la cobardía de los políticos mantiene a España sin una más que necesaria Ley de Huelga. En su ausencia, se ha instaurado una ley del más fuerte –o quizá mejor del más bestia–, por la que no sólo se permite que unos pocos trabajadores colapsen la capital, es que además se les consiente el uso de la violencia matonesca para imponer el miedo.
Afortunadamente, cabe la posibilidad de que la tecnología acabe solucionando los problemas que los políticos no son capaces ni de abordar: los sistemas de trenes sin conductor que ya están funcionando en muchas ciudades europeas –entre ellas Barcelona– muestran el camino que debe seguirse en este tipo de infraestructuras, para conseguir no sólo mejorar el servicio y hacerlo más seguro, sino quitárselo de las manos a unos sujetos que demuestran año a año y huelga a huelga que no son dignos de confianza.