Pocas veces un puñado de votos particulares ha constituido un argumento tan poderoso como el que nos ofrecen los jueces discrepantes con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la legalización in extremis de Bildu. Los cinco votos, encabezados por el de Manuel Aragón, único juez "progresista" que votó en contra de legalizar la formación que, según el Tribunal Supremo, es la continuación de Batasuna, suponen un varapalo tal a la sentencia que no es aventurado afirmar que el TC ha quedado, después de esta absurda e innecesaria operación política, completamente fracturado.
Manuel Aragón considera "impropia y lamentable" la actitud de su propio tribunal al asumir que la decisión del Supremo se cimentó sobre una simple sospecha. En ese mismo aspecto incide Francisco Pérez de los Cobos que, en su voto, ha criticado con dureza la sentencia del TC por haber éste incurrido en la nueva valoración de pruebas, lo que, en opinión del magistrado, "no le corresponde al Tribunal Constitucional". Javier Delgado Barrio vuelve sobre la parte probatoria admitiendo que es poco probable encontrar "pruebas directas" de que Bildu es parte de la banda terrorista ETA.
Y, efectivamente, así es. Desde que fue ilegalizada hace ocho años, Batasuna ha aprendido en las sucesivas convocatorias electorales a camuflarse para pasar desapercibida y conseguir la legalización por la puerta de atrás o mediante acuerdo político, tal y como ha terminado sucediendo. Para los discrepantes esta "estrategia defraudatoria" no consiguió engañar a la sala 61 del Supremo ya que hay "elementos probatorios" que deben ser apreciados en su conjunto.
Ramón Rodríguez Arribas ha sido, si cabe, más duro en su voto particular. El magistrado detalla el procedimiento del que Bildu se ha valido en esta ocasión. Rodríguez Arribas ha señalado como los proetarras en esta ocasión se han servido de "dos partidos políticos ya existentes –Eusko Alkartasuna y Alternatiba– pero de presencia institucional y afiliación decrecientes para constituir una coalición electoral con independientes que, curiosamente, (...) salen de una izquierda abertzale que sociológicamente coincide con ETA-Batasuna". Una explicación convincente y, a pesar de su irrefutabilidad, ha sido obviada por el Constitucional.
Los votos particulares nos reafirman en lo que ya sospechábamos. La sentencia del Constitucional ha sido consecuencia de un arreglo político no confesado entre la propia ETA y el Gobierno, que, aunque no lo reconozca, se encuentra envuelto ya en una nueva tanda de negociaciones con la banda. Franquear el paso a sus representantes políticos no ha sido más que el pago por la declaración de la tregua-trampa por parte de los terroristas. Queda de este modo pulverizada por enésima vez la independencia judicial en España y de los propios tribunales, especialmente los que, como el TC, sirven de extraordinarias palancas de acción política para el Gobierno de turno.