El Partido Popular ha presentado ante los españoles las guías maestras de lo que serán sus propuestas a la ciudadanía española para gobernar al país en los cuatro años que sigan a las elecciones del próximo mes de marzo. Lo ha hecho en una conferencia política cerrada brillantemente por su presidente, Mariano Rajoy, que ha tenido la gallardía y el acierto de presentar lo que considera, "la mayor reforma fiscal de la democracia". Para merecer ese nombre tendrá que llevarse a la práctica, porque la que presentó el Partido Socialista en su programa electoral de 2004 era si cabe más profunda, ya que contemplaba el tipo marginal único, una idea que ha quedado en el más absoluto de los olvidos una vez alcanzado el poder.
La principal diferencia entre las promesas de Rajoy y las de Zapatero es que el popular resulta absolutamente creíble. Ese sólo hecho ya la convierte en una propuesta política de primera magnitud. Pero es que, además, por lo que han dado a conocer a los medios de comunicación, la reforma que presentarán los populares ante la sociedad española es a la vez significativa y bien concebida. Para comenzar, no tendrán que pagar a Hacienda quienes generen una renta inferior a 16.000 euros, por lo que estamos hablando de que los famosos "mileuristas" ya no tienen que ceder parte de su renta al Estado.
La reforma, además, parte del reconocimiento de que España compite como economía en un entorno global y que lo que necesitamos es un sistema fiscal que no sea complejo, injusto y excesivo como es en estos momentos. IRPF y Seguridad Social son impuestos al trabajo y su moderación fomenta la incorporación al mercado laboral especialmente de los más jóvenes y deja en sus manos una mayor renta, lo que será especialmente necesario en los años por venir, que prometen ser duros.
Ahora bien, son muchas las deficiencias de nuestro sistema fiscal que hay que mejorar. En particular es necesario hacerlo mucho más sencillo, y parece que la reforma popular apunta en ese sentido. Además es necesario eliminar la doble imposición y fomentar la corresponsabilidad fiscal, de modo que las autonomías sean crecientemente responsables de sus ingresos y puedan, a su vez, competir entre ellas con rebajas fiscales. El caso de los impuestos de patrimonio y sucesiones dejan claro que la competencia fiscal acaba beneficiando a los ciudadanos.
Pero, dado que en cierto sentido el gasto público es el verdadero impuesto, ya que tiene que ser financiado de un modo u otro, cabría exigirle a los populares que combinen estas reformas con un compromiso de moderación del gasto que, por otro lado, es difícil que hagan en plena campaña electoral.
La decisión de hacer más sencillo y moderado el sistema impositivo tiene enormes ventajas económicas. Sólo los individuos tienen a la vez el conocimiento y los incentivos para destinar la renta a la combinación de consumo e inversión que más satisface sus deseos. El gasto público ni puede conocer las necesidades de cada ciudadano ni tiene el incentivo de ser eficiente. Por tanto, todo cambio que deje en manos de la sociedad una mayor proporción de la renta que genera supone de forma automática una mejora en la eficacia económica y por tanto una mayor creación de riqueza. Cuando apenas se ha cumplido un año de la muerte de Milton Friedman, quizá merezca la pena recordar que declaró sin ambages que "estoy a favor de reducir los impuestos bajo cualquier circunstancia, con cualquier excusa, por cualquier razón y siempre que sea posible".
Valga, por último, un aspecto muy significativo de la propuesta de Mariano Rajoy. Y es que, frente al cheque bebé, todavía no explicado plenamente, de Rodríguez Zapatero, los populares han optado por una rebaja generalizada que, en consecuencia, supone no un gesto de populismo sino una llamada al conjunto de la sociedad española. Sin duda este es el camino a la recuperación económica de España y, por qué no decirlo, también a la política y moral.
