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3-V-2010

Los políticos despilfarran, los ciudadanos pagan

EDITORIAL

&quote&quoteMucho se ha hablado en los últimos años de hiperregular las actividades de los bancos para evitar que en el futuro volvieran a tener que ser rescatados. No estaría de más que ahora se propusieran medidas similares para el sector público.

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Decía José María Aznar, cuando todavía era líder de la oposición ante una de las administraciones más despilfarradoras de nuestra historia, que "cuando los gobiernos son austeros, las sociedades son prósperas". En realidad, habría sido posible invertir los términos para decir que cuando los gobiernos son manirrotos, las sociedades tienden a hundirse en la miseria.

Esta triste verdad la han ido descubriendo con crudeza los países hispanoamericanos y africanos a lo largo de los últimos 60 años. Gobernados por oligarquías populistas y corruptas que sólo aspiraban a esquilmar a sus ciudadanos para mantener y sufragar sus privilegios, en algún momento alcanzaron un endeudamiento público de tal cuantía que sólo les quedaron dos alternativas que ayer resumió perfectamente el primer ministro griego: o catástrofe o sacrificios.

La vía catastrófica está representada por la quiebra del Estado. Las naciones bananeras a cuyos gobiernos no les importa nada el futuro de sus ciudadanos han recurrido a ella con frecuencia. Es la manera fácil de resolver un exceso de endeudamiento –no pagar– pero las consecuencias se dejan sentir durante décadas. En concreto, los inversores internacionales dejan de comprar la deuda pública y privada de esa nación salvo a tipos de interés estratosféricos, es decir, el país pasa a convertirse en una autarquía financiera. Durante tanto tiempo dejan sentirse los efectos de una suspensión de pagos que la Rusia postsoviética tuvo que amortizar las deudas que Lenin había impagado 80 años antes para que los mercados financieros internacionales le volvieran a abrir las puertas.

La alternativa a la catástrofe pasa por los sacrificios. Lo habitual es un duro plan de ajuste redactado por el FMI para consolidar el presupuesto aumentando impuestos y recortando los servicios públicos y para congelar o rebajar salarios. De ahí que el FMI haya tenido tan mala prensa en todo el mundo: siempre que era necesario introducir un poco de racionalidad a unas finanzas emponzoñadas por los políticos locales, llegaba el Fondo con un proyecto muy duro en el que tenía que hacerse en dos o tres años lo que debería haberse hecho en lustros. El cortoplacismo del electorado –perjudicado de inmediato por los mayores impuestos, las menores dádivas estatales y los sueldos estancados– se volvía contra el FMI cuando, en realidad, debería haberse dirigido contra sus mandatarios.

Grecia, de la mano de los socialistas, está sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de mantener unos presupuestos desequilibrados y falsificados durante más de diez años. Los políticos se volvieron adictos al gasto y a la deuda y ahora les toca a los helenos pagar la factura. De momento no han optado por impagar, pero la alternativa no va a ser fácil de soportar con una clase política y sindical que sólo compite en irresponsabilidad con la española. Papandréu ha presentado el plan que le exigía Merkel para contar con unas mínimas garantías de que el país podía salir adelante y devolver los 110.000 millones del plan de rescate: reducción drástica del gasto corriente en funcionarios, congelación de los salarios en el sector privado, rebaja de las pensiones y aumento de impuestos indirectos.

Todo lo cual significa que durante muchos años los griegos van a tener que trabajar no para consumir, ni para amasar un mayor patrimonio, sino para devolver el dinero que dilapidaron sus políticos. Es decir, los griegos sufrirán una reducción muy apreciable en su calidad de vida como consecuencia directa de las desmedidas capacidades de gasto con las que contaron sus gobernantes.

Mucho se ha hablado en los últimos años de hiperregular las actividades de los bancos para evitar que en el futuro volvieran a tener que ser rescatados. No estaría de más que los mismos que pretenden controlar hasta el último rincón del sector privado propongan ahora medidas similares para el público. Por ejemplo, podríamos empezar por restablecer la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada durante la segunda legislatura de Aznar y que Zapatero rápidamente derogó. Sería un primer paso que, al menos en España, necesitamos con urgencia. En caso contrario, podemos empezar a tomar nota de los padecimientos de los griegos.



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