Es lógico y natural que el Gobierno del PP negocie a varias bandas si quiere sacar adelante los Presupuestos y evitar la convocatoria de unas nuevas elecciones. En este sentido, nada hay que objetar a que el Ejecutivo busque un acuerdo con el PNV sin que por ello tenga que renunciar a conseguir la abstención del PSOE. El problema, en todo caso, será el grado de cesión y de desgobierno que Rajoy esté dispuesto a asumir con tal de evitar los comicios.
Si se tiene en cuenta que una de las razones por las que urgía la formación de un nuevo Gobierno era la de llevar a cabo los ajustes necesarios para poner coto al déficit y al endeudamiento públicos, no parece lo más responsable tratar de ganarse la abstención del PSOE tentando a sus mandatarios autonómicos con un techo de gasto menos exigente y con un menor rigor a la hora de cumplir con lo objetivos de reducción del déficit. A este respecto, conviene recordar que prácticamente todas las amonestaciones que Bruselas ha hecho a España por los incumplimientos a la hora de ajustar gastos e ingresos han puesto especial énfasis en el descontrol del gasto autonómico por la no aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Otro tanto se podría decir de un eventual acuerdo con el PNV: en el mejor de los casos, el PP deberá acceder a renegociar el cupo y financiar nuevas infraestructuras en dicha comunidad. Y eso si no hay otro tipo de cesiones, como la retirada por parte del Gobierno central de algunos recursos de inconstitucionalidad que Sáenz de Santamaría todavía no ha querido concretar.
Tiempo habrá de ver lo que cuesta a los españoles, en términos de impuestos y deuda pública, el "deshielo" de las relaciones con el PNV y la negociación del techo de gasto con las comunidades autónomas socialistas. Lo que ya se sabe es a cuánto va ascender la malversación de fondos públicos que la Generalidad de Cataluña quiere consignar en sus Presupuestos a la ilegal convocatoria secesionista del próximo año: 5,6 millones de euros. Eso, por no hablar de los 57 millones que los mismos presupuestos destinan al desarrollo de la no menos ilegal Hacienda propia, o los 64 millones para fomentar la actividad propagandística de las embajadas catalanas.
Por mucho que el ministro de justicia, Rafael Catalá, diga que" nadie está por encima de la ley" y que "en un presupuesto no se pueden destinar partidas económicas a asuntos que no son competencia de la comunidad autónoma", lo cierto es que el Gobierno de Rajoy no sólo está tolerando desde hace años que la Generalidad haga lo que es ilegal hacer, sino que, además, lo financia, indirecta pero de forma decisiva, a través del Fondo de Liquidez Autonómica o, ahora, con un todavía mayor techo de gasto para las CCAA.
Habrá que dar, sin duda, tiempo al tiempo. Pero sostener la ficción de que hay un Gobierno del PP por el hecho de que Rajoy haya sido investido presidente puede resultar a los españoles bastante más caro que la convocatoria de unas nuevas elecciones.