Las presiones de Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida lo han conseguido. Gracias a uno de los acuerdos alcanzados este martes por el Gobierno de ZP y sus socios parlamentarios, la mal llamada “Ley de Estabilidad Presupuestaria” permitirá a las comunidades autónomas un endeudamiento superior al del Estado en “épocas de bajo crecimiento” (menos del 2 por ciento). Además, la Ley incluirá a los ayuntamientos en el déficit público consentido inicialmente. Así, del límite de déficit permitido, establecido en el uno por ciento del PIB, las Comunidades Autónomas podrán alcanzar el 0,75 por ciento, el Estado el 0,20 por ciento y los ayuntamientos el 0,05 por ciento restante.
Esta cesión a comunistas e independentistas catalanes no sólo muestra que no hay área de gobierno –incluida la económica de Solbes– que quede al margen de la nociva influencia de ambas formaciones políticas, sino hasta qué punto se invierte uno de los principales pilares del éxito económico del gobierno Aznar, como fue la erradicación del déficit público. Si el gobierno central, en tiempos del PP, fue pionero en ese empeño por que las administraciones ajustaran sus gastos a sus ingresos, fueron las comunidades y los ayuntamientos los más reacios a hacer lo propio y a ajustarse el cinturón. Ahora viene el gobierno de ZP y, no contento con tolerarse así mismo el déficit, autoriza, precisamente, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos el poder endeudarse más de lo que ya lo va a hacer el Estado.
El secretario general de los independentistas catalanes, hasta cierto punto, ha descrito bien el cambio: “La normativa pasará de ser un elemento de autodisciplina a un elemento de garantía de la autonomía financiera de autonomías y de entes locales”. Y, ciertamente, lo que salta por los aires es la disciplina, que es precisamente de lo que debería tratar una ley que se llama así misma de Estabilidad presupuestaria y a la que más urgía convocar era a las comunidades autónomas. Eso que pomposamente Puigcercós llama “un elemento de garantía de la autonomía financiera”, no es más que un elemento de permisividad para que los gobernantes autonómicos puedan discrecionalmente pasar la factura a gobernantes y generaciones de contribuyentes venideras. Con la particularidad de que los nocivos efectos que, a corto plazo, ya genera el déficit y el endeudamiento autonómico no se van a padecer sólo en la comunidad autónoma que contablemente lo registre sino que perjudicarán también al resto.
El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, también ha querido dar la bienvenida al acuerdo jugando con el lenguaje. Así ha dicho que hemos pasado del défict cero a lo que ha llamado una “estabilidad flexible”. Ya dijimos que con ZP y sus aliados todo se iba a retorcer, empezando por el lenguaje y acabando, aunque haya que esperar, con la economía.
