Tres días después de hacerse público que el Gobierno de Rajoy ha vuelto a destinar a la secesionista Administración autonómica catalana la mayor parte de los Fondos de Liquidez Autonómica, y el mismo día en que se ha notificado que Artur Mas firmará este sábado el ilegal decreto de convocatoria del referéndum secesionista, el consejero de Economía de la Generalidad, Andreu Mas-Colell, ha tenido la desvergüenza de pedir más dinero al Estado para cuadrar los presupuestos autonómicos de 2015, que, según aduce, tienen una agujero de 3.300 millones de euros.
Muchos criticarán con razón el oportunismo de Mas de esperar a que pase la declaración de Pujol sobre el gravísimo caso de corrupción que le afecta para estampar su firma a su ilegal desafío al Estado. Pero la desfachatez de hacer coincidir la noticia de la firma del decreto secesionista con una nueva petición de dinero al Estado se lleva, sin duda, la palma. Claro que, si los nacionalistas pinchan y notan blando, a nadie debería extrañar que sigan profundizando…
Probablemente no haya en el mundo occidental administraciones regionales –incluidas las de los países federales– que se apropien de un porcentaje tan elevado de los impuestos que paga la ciudadanía como las autonomías españolas, especialmente la catalana. Con ese dinero, la Generalidad tendría más que suficiente para atender con holgura los servicios sociales ordinarios que presta. El problema se produce cuando esa Administración, además de proveer dichos servicios, pretende dotarse de estructuras de Estado, crear redes clientelares y emprender un proceso de transición nacional: todo eso, aparte de ilegal, es carísimo, requiere mucho más dinero que el que exige la organización de un referéndum ilegal.
En efecto, la Generalidad ha creado en estos tres años costosísimos organismos abiertamente situados al margen de la legalidad. Tal es el caso, por poner un ejemplo, de la agencia tributaria catalana, puesta en marcha en febrero: el hecho de que sólo unos pocos centenares de catalanes le hayan aportado su declaración de la renta no significa que este organismo vaya a dejar de ser financiado con cargo de todos los contribuyentes. Otro tanto podríamos decir de otra del Consejo Asesor para la Transición Nacional. ¿Acaso lo paga Artur Mas de su bolsillo? ¿Y qué decir de organismos o de partidas de gasto que la Generalidad está desvirtuando y poniendo al servicio del proyecto secesionista, como la televisión autonómica, la promoción de la lengua catalana, las más de 200 empresas públicas o los consejos comarcales, una estructura supramunicipal exclusiva de Cataluña que dispara las duplicidades administrativas y que cuestan al año 560 millones?
Crear un Estado propio y propagar los delirios identitarios cuesta muchísimo dinero, y los nacionalistas, desde luego, no han esperado a celebrar una consulta para ponerlo en marcha.
Habrá que esperar poco más de un mes para ver si Artur Mas vuelve a desobedecer al Tribunal Constitucional con la misma desfachatez con la que ha hecho caso omiso a la sentencia que emitió el pasado 25 de marzo, por no hablar de su reiterada desobediencia a las sentencias contrarias a la inmersión lingüística. Pero, se atreva finalmente o no a celebrar la consulta, nadie debería albergar la menor duda de que su desafío secesionista va a resultar tan impune para él como caro para el conjunto de los españoles.