La encuesta del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, dependiente de la Generalidad, pronostica que CiU obtendrá la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo día 25. El Centro de Investigaciones Sociológicas, por su parte, rebaja ligeramente las expectativas electorales de la principal fuerza nacionalista catalana, que aun así resultaría ganadora en los comicios a muy pocos escaños para alcanzar esa mayoría cualificada en el parlamento regional.
Además de la mera prospección electoral, el instituto de opinión de la Generalidad ha sondeado a los ciudadanos catalanes acerca de sus preferencias en torno al proyecto soberanista de su actual presidente. El resultado es que un 44,3 por ciento de los catalanes se declara a favor de la independencia, lo que supone un incremento de diez puntos porcentuales respecto al estudio realizado el pasado mes de junio, dato que también confirma el CIS si bien con una rebaja poco significativa.
En estas elecciones ya no cabe apelar al tradicional doble juego de los nacionalistas, siempre celebrado por sus votantes, en virtud del cual sus eventuales amenazas independentistas eran una simple estrategia para obtener mayores beneficios del resto de España. Ese juego, que tantos réditos proporcionó en el pasado a la clase nacionalista catalana a causa de la debilidad de los distintos gobiernos centrales, parece que toca a su fin porque, por primera vez, el partido mayoritario en Cataluña ha hecho pública su decisión de iniciar un proceso de secesión tras vencer en las elecciones, consulta popular mediante.
Las consecuencias de una eventual separación de la comunidad catalana son tan evidentes que incluso los votantes del nacionalismo más radical pueden llegar a entenderlas. Salida de Europa, deslocalización de las grandes empresas, desplome del PIB, aumento vertiginoso del paro y la ruina garantizada por muchos años son los efectos que tendría esa añorada independencia caso de que algún día adquiriera carta de naturaleza. A pesar de ese pavoroso pronóstico, ratificado por las instituciones más solventes con el marchamo de la UE, casi la mitad de los votantes catalanes está dispuesta a seguir a Mas en la aventura, así que nadie podrá quejarse si finalmente sus dirigentes deciden vulnerar la legalidad constitucional con todas sus consecuencias.
Frente a este programa electoral del separatismo en sus diversas graduaciones, los partidos que debían ofrecer garantías de lealtad institucional y racionalidad política a los votantes catalanes más sensatos corren distinta suerte en la encuesta electoral con la que se inicia la presente campaña. El PSC, como era de prever, se desploma, el Partido Popular crece ligeramente y Ciudadanos por Cataluña, la formación que con más rigor se viene enfrentando a este disparate ilegal propugnado por Mas, crece hasta doblar su número de escaños actuales con posibilidad cierta de formar grupo parlamentario propio.
El nacionalismo catalán, encabezado por CiU, tendrá la mayoría suficiente en el nuevo parlamento regional para dar rienda suelta a sus delirios suicidas. El PSC y su federalismo absurdo y vergonzante no tiene ya nada que ofrecer, pero el PP, al frente del Gobierno de España, debería plantearse si aún está a tiempo de conseguir la confianza de los catalanes que no quieren arruinarse para siempre con la independencia que propugnan CiU y sus acólitos. Aún tiene veinticuatro días por delante.