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EDITORIAL

Más firmeza, menos secretos

La actitud entreguista de PP respecto a CiU nunca ha estado justificada, pero quizás en estos momentos sea aún más inexplicable.

La cita de Artur Mas y Mariano Rajoy esta semana en La Moncloa marca un nuevo hito en la esperpéntica relación que mantiene el Gobierno de España con el de la Generalidad catalana desde que el PP llegó a La Moncloa. En medio de un secretismo inusitado, ambos presidentes se reunieron, supuestamente a petición del convergente, con el objetivo aparente de negociar nuevas concesiones para el Ejecutivo regional, ahogado por los números rojos.

Según se ha conocido luego, Mas habría pedido a Rajoy nuevas fuentes de financiación que le permitan atender a los pagos pendientes más urgentes y un objetivo de déficit específico (más alto) para Cataluña. Y todo apunta a que el gallego se mostró muy receptivo con sus demandas. Como denunciaron Rosa Díez y Albert Rivera en los micrófonos de esRadio después de conocer la noticia, en la política española parece que el chantaje es una herramienta de presión que conduce al éxito.

Aunque en los últimos años los titulares se los ha llevado su desafío secesionista, no hay que olvidar que la deslealtad de la Generalidad con el Gobierno español y con el conjunto de la Nación también ha tenido su reflejo casi diario en el campo económico. Y tampoco en este ámbito el independentismo se ha enfrentado a respuesta serena, contundente y creíble desde Moncloa.

Cataluña es la comunidad más endeudada de España, con 50.489 millones de euros, un 25,4% del PIB regional (sólo por detrás en porcentaje de Valencia y La Mancha). Y no parece que esa tendencia vaya a cambiar. En 2012, fue la cuarta autonomía con más déficit, el 1,96%, cinco décimas por encima del objetivo fijado por Hacienda en el 1,5%. De hecho, si la región no ha entrado en quiebra ha sido únicamente por el apoyo del Gobierno central, que avaló sus emisiones y le dio acceso al nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), del que Cataluña obtuvo el 40% del total.

Sin embargo, ninguno de estos hechos ha tenido una contestación a la altura de las circunstancias por parte del Gobierno. Al igual que ocurre en el ámbito político con el órdago independentista, Hacienda se ha limitado a poner paños calientes y palabras conciliadoras a cada incumplimiento de Artur Mas. En apenas unos meses, quedaban en el olvido los mecanismos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria pone en manos del Gobierno para enfrentarse a las autonomías que se saltasen los objetivos comunes y que en teoría podrían llegar a la intervención de las cuentas de estas regiones.

De hecho, ya se da por supuesto que en 2013, veremos límites de déficit diferentes para cada autonomía, una petición catalana que contradice la política seguida hasta ahora por el Gobierno del PP y que le enfrentará con algunos de sus barones regionales, hartos de ser relegados ante los nacionalistas. De esta manera, se premiará a las incumplidoras, que tendrán objetivos más altos que aquellas que han hecho sus deberes. No es difícil imaginar cuál es el mensaje que se manda a las regiones y los incentivos que moverán a los Ejecutivos autonómicos en los próximos años.

Mariano Rajoy es el político español con más poder desde la llegada de la democracia. Disfruta de una sólida mayoría absoluta, su partido controla la mayoría de los gobiernos regionales y de los grandes ayuntamientos españoles, la oposición está desaparecida y no hay grandes citas electorales a la vista hasta 2015.

Por todo eso, resulta aún más sorprendente su actitud ante el continuo chantaje del nacionalismo catalán. La actitud entreguista de PP y PSOE respecto a CiU nunca ha estado justificada, pero quizás en estos momentos sea aún más inexplicable. Si alguien está en una posición de debilidad es Artur Mas, cabeza de una Administración que no puede pagar sus deudas, en caída libre en las encuestas y asediado por la corrupción. No está, precisamente, en disposición de exigir nada. Más bien al contrario.

Debería ser el Gobierno de la nación el que, con la fuerza que le otorga la ley, le recordase cuáles son sus deberes como parte de un Estado que, le guste o no, está obligado a respetar. Ya sabemos a qué conduce una postura de concesiones y debilidad con el nacionalismo catalán. Por eso, desconfiamos profundamente de este nuevo juego de reuniones sorpresa que han inaugurado esta semana Rajoy y Mas. En lo que respecta a las relaciones con Cataluña, no hacen falta más secretos. Antes al contrario, lo que necesitamos es luz, taquígrafos, firmeza y respeto a la ley. Mucho nos tememos que no es ese, precisamente, el camino escogido.

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