Nada que objetar –todo lo contrario– a la decisión del consejero de Sanidad del Gobierno murciano, Manuel Villegas, de presentar su renuncia tras conocerse que se había vacunado –junto a otros 400 funcionarios y altos cargos no asistenciales de su conserjería– ignorando el orden del protocolo de la campaña de vacunación. Ahora bien, resulta escandaloso que este encomiable rigor a la hora de exigir y asumir responsabilidades a los cargos del PP no se aplique a los políticos de izquierdas. Qué doble rasero más indignante.
Así, y sin necesidad de remontarnos a los tiempos en que el Gobierno social-comunista minusvaloraba el riesgo de la pandemia para no malograr su manifestación del 8-M; en que, ya desatada la pandemia, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguraba que no era necesario el uso extensivo de las mascarillas; en que sólo unos políticos privilegiados –como los miembros del Gobierno– podían acceder a las PCR para detectar el virus, resulta sorprendente que nadie pida dimisiones por el lentísimo ritmo de vacunación. ¿Y qué decir de las inexistentes peticiones de dimisión a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a pesar de haberse saltado las normas y restricciones para hacer frente a la pandemia que son de obligado cumplimiento para el común de los ciudadanos?
Tras haber sido el último gran país de la Unión Europea en hacer públicos los datos sobre la materia, se observa que el ritmo de vacunación en España sigue siendo vergonzosamente bajo si se quiere llegar al verano con una cierta inmunidad de rebaño, tal y como prometió el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y es que, lejos de las 400.000 vacunaciones diarias que serían necesarias, todavía no superamos –y esto, en el mejor de los casos– las 95.000. ¿Dónde están, sin embargo, las peticiones de dimisión contra Salvador Illa por este motivo, tanto más exigible desde que aceptó ser candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña?
Bien está que provoque escándalo que el consejero murciano se pusiera al principio de la fila para recibir la vacuna, pero no debería escandalizar menos el penoso avance de la vacunación general. Y a todo esto, se ha sabido que Illa no pisa el Ministerio desde hace semanas –consecuencia lógica de haber aceptado concurrir a las elecciones catalanas sin haber renunciado a la cartera–; pero tampoco eso parece suscitar escándalo alguno.
Mientras, la clase política –con contadísimas excepciones– parece más interesada en el cerrojazo a la economía y a las libertades que en combatir la pandemia mediante una mayor oferta sanitaria, mejores rastreos y, sobre todo, un mayor ritmo de vacunación. Cerrar la hostelería, restringir el horario de los comercios o ampliar los toques de queda son una empobrecedora y liberticida forma de huir del problema, no de solucionarlo, tal y como ya ha quedado acreditado: hasta ahora, con eso sólo se ha conseguido destruir la economía y desesperar a millones de españoles.