No faltarán quienes nieguen el derecho a la huelga sobre la base de que no constituye más que un privilegio para poder incumplir un contrato laboral tras haberlo aceptado libremente las partes intervinientes. El hecho, sin embargo, es que la Constitución reconoce claramente en su artículo 28.2 "el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses".
Ahora bien, en ese mismo artículo de nuestra Carta Magna se hace referencia a una futura ley que regulará el ejercicio de ese derecho, que, a día de hoy, sigue sin ser promulgada. Esa ley es necesaria no sólo para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad y para compatibilizar ese derecho a la huelga con un no menos reconocido derecho al trabajo; también lo es para garantizar que ese derecho en defensa de los intereses profesionales de los trabajadores de una determinada empresa o sector no se utilice arteramente como instrumento de agitación política o herramienta partidista en contra de un Gobierno legitimo.
Tal es el caso de todas las huelgas llamadas generales, como la que han convocado para hoy los escasamente representativos pero bien subvencionados sindicatos de UGT y CCOO. A pesar de su carácter político, y de que los sindicatos convocantes apenas han disimulado su deseo de utilizar los piquetes para poder cercenar el derecho al trabajo de los que no la quieran secundar, el Gobierno de Rajoy se sigue negando a elaborar una ley que atienda el mandato constitucional tan largamente desatendido.
La razón que han dado fuentes ministeriales y de la dirección del Grupo Popular para no hacerlo es que en el programa electoral del PP no aparecía, ni tan siquiera se sugería, una ley de huelga que regule las protestas. Si esta excusa es lamentable para justificar el seguir manteniendo como única regulación un deficiente decreto emitido en el año 1977, cabe señalar que tampoco figuraba en el programa electoral del PP la perniciosa y brutal subida de impuestos que el Gobierno ha aprobado y se dispone a mantener incluso pasado el año 2013.
Más nos valdría que el Gobierno impulsara una ley de huelga y que suprimiera las millonarias subvenciones a los sindicatos, uno de los muchos dispendios que fuerzan a freír a impuestos a los trabajadores sin lograr tampoco erradicar el déficit público.
Además de por su carácter político, esta huelga general es especialmente ilegítima por el hecho de que sus convocantes, con ridículos índices de afiliación, fueron junto con el Gobierno socialista uno de los máximos responsables de la desastrosa herencia con la que le toca lidiar al actual Gobierno del PP.
Somos los primeros en denunciar que el Gobierno del PP tampoco es que haya acertado a la hora de solucionar ese problema heredado, ni –visto lo visto– a la hora de regular las protestas que esta crisis genera. Pero eso no quita, tal y como han señalado desde el CSIF y otros sindicatos y agrupaciones mayoritarias en su sector que no secundan la huelga, que "los sindicatos no están para poner o quitar Gobiernos, ni para compartir las pancartas con los políticos que nos han llevado a la situación en la que estamos". Tampoco lo están para vivir del contribuyente ni para impedir que vayan a trabajar los que quieran y puedan hacerlo. Así que más ley y menos subvenciones.