No hace ni año y medio que la Asociación de Víctimas del Terrorismo convocó la primera de las manifestaciones en protesta por la negociación con la ETA. Los pronósticos que la asociación presidida por Francisco José Alcaraz hacía entonces no sólo se han cumplido con precisión suiza, sino que el Gobierno ha ido aún más lejos, mucho más lejos de lo que muchos españoles se hubiesen imaginado aquel 22 de enero de 2005.
A día de hoy nos encontramos ante un hecho consumado y no, como entonces, ante una indefinida promesa de rendición. La nación, por obra y gracia de su presidente de Gobierno, se ha rendido a los macabros encantos de quienes llevan asesinándonos, mutilándonos y secuestrándonos desde hace casi 40 años. Esta es, en toda su crudeza, la realidad. El Gobierno, ensoberbecido hasta límites inimaginables, ha hecho oídos sordos a la ciudadanía en la calle y a la oposición en el Parlamento. El talante, el diálogo y las buenas formas se han dedicado a los enemigos de la convivencia, a los asesinos.
En dos años hemos dilapidado irresponsablemente el precioso capital acumulado durante casi una década. De tener a la banda prácticamente derrotada en todos los frentes a soportar las chulerías y desplantes de sus líderes. De vislumbrar el fin, la derrota de la ETA, a ver como sus peones políticos vuelven a hacerse los dueños de las calles del País Vasco. Se les ha hecho albergar una esperanza, la de imponer su criterio, que hace sólo un lustro era un sueño inalcanzable. Se les ha entregado, en definitiva, la carta de rendición incondicional para comprar una paz de cementerios con la que luego, debidamente maquillada, Zapatero pueda comerciar en las elecciones.
Ante semejante afrenta, a los ciudadanos que entendemos que con el terror no se negocia, que al terror se le derrota, no nos queda otra salida que volver a expresar nuestra repulsa al indecente cambalache que se trama en las altas esferas del Estado. Ahora más que nunca. No en nuestro nombre es el lema de la concentración que hoy tendrá lugar en la madrileña plaza de Colón. Tantos años de sufrimiento no pueden, no deben terminar así. La memoria de las víctimas nos exige estar a la altura de las circunstancias cuando el Gobierno de la nación ha perdido el norte.
Si la negociación en marcha con la ETA no fuese suficiente, los que creemos que la democracia y el Estado de Derecho tienen sentido, no podemos tampoco permanecer impasibles ante el entierro en vida del caso11-M. Seguimos queriendo saber la verdad, tenemos la necesidad de conocer lo que pasó entonces por muy doloroso que sea su recuerdo. La masacre de marzo es demasiado importante como para dejar que algunos la olviden o la sepulten en un amasijo de consignas prefabricadas.
Aunque ni el Gobierno ni la Fiscalía estén demasiado interesados en ello, nuestra obligación como ciudadanos de un país libre es hacerles partícipes de nuestra sed de verdad. No nos conformamos con el mantra distribuido al por mayor por la tragedia y perpetuado en la Comisión parlamentaria. Queremos saber más, queremos saber la verdad.
