En pleno debate sobre el adelanto electoral en Cataluña, dos de los grandes impulsores del proceso separatista están bajo la lupa judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprecia indicios de desobediencia, prevaricación y malversación en los comportamientos del presidente de la Generalidad, Artur Mas, y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau respecto del referéndum independentista del pasado 9 de noviembre. Tras la peripecia fiscal que se saldó con la dimisión de Eduardo Torres-Dulce, el TSJCat, según la denominación en Cataluña, vendría a ratificar sus tesis sobre la preparación, financiación y celebración del llamado 9-N, un "proceso participativo" en el que Mas rebasó todas las líneas rojas y desobedeció de forma obvia, evidente y escandalosa la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional.
A pesar de la ostensible desobediencia, de la insumisión y de la rebelión protagonizadas por el presidente de la Generalidad y sus consejeros, los seis autos emitidos hoy por el TSJC son noticia porque, en principio, quiebran el respeto reverencial que suscita la figura de Mas en algunos fiscales catalanes y magistrados del TSJC, empeñados en ceñir a la "actividad política" los supuestos delictivos que afectan a Mas, a su vicepresidenta y a su consejera de Enseñanza.
Mas digiere la judicialización del proceso separatista como un espaldarazo a su liderazgo. La estrategia consiste en convertir la actividad judicial en torno al referéndum en propaganda a favor de Convergència, en munición en la hoja de ruta hacia una república catalana. Mas está convencido de que el papel de víctima aumenta sus expectativas electorales al tiempo que confía en que, como siempre, los plazos de la justicia sean más morosos que los de la política. En su concepción, un acuerdo político de última hora disiparía cualquier riesgo jurídico.
Precedentes como el del caso Banca Catalana confirman esa expectativa. Precisamente el protagonista de ese mayúsculo escándalo y padre político de Mas, Jordi Pujol, también está en el centro de la diana judicial. Los negocios de su primogénito y la confesión sobre su fortuna andorrana le llevarán a declarar en un juzgado de Barcelona a finales de este mes. El equipo jurídico que asesora al expresidente regional pretende convertir un caso de corrupción en una persecución política, estrategia de probada eficacia en Cataluña. Alegan que la de Pujol y familia es una "imputación preventiva" de fraude fiscal. Coincide el escrito de la defensa con el trascendido de que la herencia de Florenci Pujol no cuadra en manera alguna con lo declarado por su hijo, el ex president.
Tanto Mas como Pujol se han envuelto en la bandera como primera providencia y defensa frente a la acción judicial. El proceso separatista es el agente blanqueador. Mas, el delfìn de Pujol, debía estar al corriente de los negocios del clan Pujol de la misma manera que ha demostrado estar al corriente y ser un fiel ejecutor de los planes políticos del patriarca del catalanismo. A pesar del cerco, ambos se sienten inmunes a la acción de la Justicia y siguen adelante. Mas con su plan separatista y Pujol con su vuelta a la actividad pública. Este mismo jueves se dejaba ver en el Palacio de la Generalidad en un homenaje a Joan Carrera, que fuera obispo auxiliar de Barcelona y uno de los fundadores de CDC. Tras la tormenta de la confesión, vuelve a pasearse en público. En ese contexto, los autos del TSJC animan a Mas a seguir adelante con un proyecto que fractura a la sociedad pero presenta la ventaja de encubrir el pasado y presente corrupto del régimen nacionalista. La Justicia de España no parece infundirle demasiado respeto.