El PP debería haberse negado a pisar el Parlamento mientras el PSOE mantuviera el nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como portavoz de su grupo parlamentario, después de las fechorías que perpetró el 13-M. Aún hoy, cada vez que el portavoz del Gobierno de Filesa y de los GAL pisara la Cámara, toda persona respetable debería abandonar inmediatamente la misma. Ayer pudimos comprobar una vez más que aquel que de mano de la SER reventara la jornada de reflexión asegurando que España se merecía un Gobierno que no mintiera, no parece ser capaz de decir la verdad ni por equivocación.
El espectáculo comenzó cuando los de Zapatero quisieron atribuirse el mérito de unas detenciones que intentaron retrasar ante la insistencia de la Policía gala en llevarlas a cabo. Es ésta una extraña situación, en la que los roles que Francia y España tenían durante los gobiernos de Giscard y Mitterrand han sido invertidos; ahora son los franceses quienes detienen etarras y españoles quienes los dejan en libertad. El boletín oficial del Gobierno lo dictó y Rubalcaba y los suyos obedecieron: ya que se habían producido las detenciones, muy a su pesar, que al menos les permitieran sumar puntos ante una opinión pública cada vez más asqueada del proceso de rendición. Así pues, la actuación de la Policía francesa se convirtió, por arte de birlibirloque, en una de las "consecuencias" indeterminadas tanto en el tiempo como en su naturaleza que anunció Zapatero si se confirmaba que había sido ETA quien había robado las 350 pistolas. Una confirmación que, como las verificaciones de Rubalcaba, tampoco se había anunciado aún cuando se detuvo a los tres etarras.
Después de la filtración que desde la comisaría dirigida por Telesforo Rubio dificultó la investigación que llevaba a cabo Grande Marlaska contra la red de extorsión de ETA, no repugna a la razón pensar que los dos etarras que no acudieron a la cita con los detenidos pudieron haber sido avisados desde España. Por eso se le preguntó a Rubalcaba por la filtración que en la noche del miércoles dio a conocer la operación y éste negó "la mayor", es decir, que hubiera huido ningún etarra. Sin embargo, sus mismos subordinados han tenido que corregirle, quizá para ahorrarnos la vergüenza de que lo hiciera un satisfecho Sarkozy.
Lo cierto es que tenemos un ministro del Interior que parece biológicamente incapacitado para decir la verdad. Es el mismo que, en plena jornada de reflexión, aseguraba que los españoles no merecían que se les mintiera. Que no se merecían tenerlo en el Gobierno, en definitiva. Puede resultar un ejercicio especialmente inútil exigir la dimisión de Rubalcaba, aunque el motivo estuviera en pedirle que mantuviera un mínimo de coherencia en su vida pública. Claro que quien jamás pidió disculpas por mentir durante años a los españoles mientras intentaba tapar el abismo de corrupción y crimen de Estado por el que había caído el Gobierno de Felipe González, probablemente ni siquiera emita una disculpa. Seguramente, se limitará a proferir una mentira aún mayor para encubrir ésta. La costumbre, ya saben.
