Mil ochocientos millones de euros es la estupefaciente cifra que manejaría la Policía a la hora de calcular la fortuna amasada por el clan Pujol –ayuno de emprendedores, capitanes de la industria y empresarios de primera– en los últimos decenios. Mil ochocientos millones de euros: más de lo que gastará este año la Generalidad de Cataluña en seguridad, protección y promoción social. O de lo que facturan en cada ejercicio los talleres automovilísticos de toda España por realizar las ITV, por poner un ejemplo relacionado con un sector bien conocido para la familia que ha hecho y deshecho en el Principado durante tanto tiempo. Una cantidad que no manejan prohombres como Isidoro Álvarez, de El Corte Inglés, o Fernando Roig, de Mercadona. Pero sí los Pujol, con el expresidente autonómico a la cabeza, ese hombre de Estado que gustaba de venderse como político austero y honrado.
Según lo publicado por los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo, para amasar semejante fortuna el clan Pujol habría incurrido en "todo tipo de actividades presuntamente delictivas" y se habría valido de "la condición de privilegio con que cuenta en Cataluña".
Estamos ante uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España y de Europa. Y en su esclarecimiento deben volcarse los poderes públicos y los medios de comunicación. Empezando por los poderes públicos y los medios de comunicación catalanes, si es que quieren sacudirse las poderosas sospechas que sobre su desempeño en todo este asunto, que se remonta tantos años en el tiempo, se están suscitando en círculos cada vez más amplios.
Este caso no es un caso cualquiera, es mucho lo que está en juego, por supuesto que no sólo el patrimonio del clan Pujol. Tampoco aquí cabe contemporizar, tampoco aquí caben las componendas. Nuestro Estado de Derecho afronta aquí un desafío formidable porque el gran protagonista de esta siniestra historia ha sido una de las personalidades que lo han dado forma.