La noticia de que el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Josep Montilla se propone restringir la liberalización de horarios comerciales ha desatado la justificada protesta de las asociaciones de consumidores y de alguna que otra asociación empresarial que también la ha considerado justificadamente como "un claro recorte de la libertad de empresa y de la libertad de elección de los consumidores".
Aunque la ley estatal —más bien, “mandato”— ya restringe el derecho de los consumidores a la hora de elegir el horario y los días de las semana en las que quieren llevar a cabo sus compras, hay que tener en cuenta, además, que luego las autonomías tienen competencias en esta materia para reducir todavía más esa libertad comercial.
La propuesta presentada el miércoles en el Congreso por Montilla recoge, como ejes principales de la regulación comercial, los aspectos centrales del borrador de la norma de horarios comerciales de la Generalidad catalana, uno de los gobiernos autonómicos tradicionalmente más restrictivos. Esta norma contempla fijar en ocho días al año el total de festivos en que pueden abrir los establecimientos comerciales, frente a los 12 que permite la ley estatal, y prevé reducir las aperturas máximas de 90 a 72 horas semanales.
La razón para esta vuelta de rosca se debe a los grupos de presión del pequeño comercio —extremadamente bien organizados— que consideran que saldrían perjudicados por esa libertad comercial de la que sacarían mayor provecho las grandes superficies. Además de que parten, en buena medida, de una premisa falsa —la libertad de horarios puede ser y, de hecho, ha sido, una herramienta para que los pequeños y nuevos comercios puedan competir con los que ya están cómodamente instalados en el mercado— la cuestión no es si esta medida favorece al grande o al pequeño comercio, sino al consumidor. O mejor dicho, lo que se trata es de la libertad de los ciudadanos, en tanto que demandantes y oferentes de bienes y servicios.
Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un 74,7 por ciento de los ciudadanos españoles está a favor del restablecimiento de la libertad comercial; un 66 por ciento de los encuestados considera que la libertad de horarios es importante para ellos, y tres de cada cuatro están en contra de la prohibición por ley de la apertura de domingos y festivos.
Montilla, pese a todo, tiene aun el atrevimiento de considerar que la liberalización de la distribución comercial “no es una necesidad de la sociedad española”. Aunque los sondeos no desmintieran —como tan claramente lo hacen— al ministro socialista, ¿qué sentido tendría, en ese caso, prohibir algo por el hecho de que la sociedad “no lo necesita o no lo demanda”?
En fin, que como vemos, muy poquito ha tardado el Gobierno socialista en desmentir las promesas de “mayor libertad económica” proclamadas por Zapatero en su entrevista a la COPE.