Es normal que los representantes de la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla-León y de otras comunidades autonómas que han venido cumpliendo los objetivos de reducción del déficit fijados por el Gobierno, hayan plantado cara al ministro de Hacienda durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera mantenida este martes. La propuesta inicial de Montoro de perdonar los intereses desde 2012 a las comunidades que no cumplieron los objetivos de reducción del déficit y se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómica constituye un auténtico agravio para todas las comunidades que sí se han tomado en serio los ajustes dictados por el gobierno, algunas de las cuales, como Madrid, sufren, además, un sistema de financiación radicalmente injusto.
No es la primera vez, además, que el ministro de Hacienda premia el incumplimiento y penaliza a aquellas comunidades que si se han esforzado en ajustar sus gastos a sus ingresos. Recuérdese, en este sentido, que ya en 2013, en lugar de aplicarles los "mecanismos de sanción e intervención" que contemplaba la desactivada Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno premió a las comunidades autónomas que no cumplieron en 2012, con límites menos rigurosos de reducción del déficit para 2013. Si en 2012 fueron cinco las comunidades que sobrepasaron los topes del deficit, el año pasado fueron ya seis las incumplidoras.
La noticia de que el ministro va a volver a premiar a las administraciones regionales incumplidoras, alguna de las cuales, como es el caso de la catalana, están dedicando ingentes recursos a un carísimo como ilegal proceso de construcción nacional, ha colmado la paciencia de las comunidades cumplidoras. Su indignación no la va a aplacar la propuesta de última hora que Montoro ha llevado al Consejo de Politica Fiscal y financiera consistente en financiar también a tipo cero a las comunidades autónomas cumplidoras tanto su deuda comercial como las liquidaciones negativas que soportaron en los años 2008 y 2009. Como, en parte, bien ha advertido el consejero madrileño de Economía, Enrique Ossorio, "el problema está en que dichas liquidaciones ya fueron ajustadas en Contabilidad Nacional en 2011 porque ese déficit ya se computó".
De hecho, como también ha cuantificado oportunamente el consejero madrileño, la "pildora" que Montoro ahora les ofrece para calmar los ánimos supone un ventaja de 90 millones frente a los 3.700 millones con los que se beneficiará la Generalidad.
Así las cosas, por cierto que sea, tal y como afirma Montoro, que su propuesta final supone una mejora de la financiación para todas las comunidades, siguen estando mucho más beneficiadas las comunidades incumplidoras. La cuestión clave, además, está en que no es poniendo más dinero sobre la mesa, sino exigiendo mayor rigor y austeridad a las comunidades autónomas, como la administración central ha de afrontar el problema del déficit autonómico. El abaratamiento del endeudamiento de las comunidades autónomas a cargo del contribuyente, lejos de ser una solución, va a constituir un perverso incentivo para que cada vez sean más y en mayor cuantía las administraciones regionales con desequilibrios presupuestarios.
De hecho, ya son diez las comunidades autónomas que el pasado mes de octubre superaban el tope de déficit fijado por el gobierno para todo el año 2014. Si el Gobierno de Rajoy sigue premiando el incumplimiento, mientras trata de envilecer a quienes han mantenido contenidos sus gastos, no nos extrañe que el año que viene no haya una sola autonomía que se moleste en cumplir los objetivos de reducción del déficit.