La seriedad de un país y la decencia de sus políticos tiene casi todo que ver con el respeto al Estado de Derecho y el correcto funcionamiento de las instituciones. El hecho de que estas últimas no sirvan al interés general de los ciudadanos, sino al partido en el poder o, aún peor, a los intereses personales del político de turno es un síntoma inequívoco del grave deterioro institucional, profunda descomposición moral y preocupante corrupción estatal que padece España. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ejemplifica a la perfección algunas de estas deleznables virtudes debido al uso particular que ha hecho de la Agencia Tributaria desde que ocupa dicho cargo.
Montoro, muy próximo a Soraya Sáenz de Santamaría y cuya enemistad con algunos de sus compañeros en el PP ha quedado en evidencia tras su polémica entrevista a El Mundo y la airada reacción que ha cosechado entre ciertos colegas de gobierno, se ha servido de la institución que preside para perseguir fines que nada tienen que ver con la supuesta imparcialidad que marca la ley, lo cual constituye una absoluta perversión moral y un quebranto explícito del Estado de Derecho. Tal y como ha publicado El Español este viernes, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha confirmado que Montoro le abrió "una paralela" para investigar sus declaraciones de IRPF durante sus años como eurodiputado (1994-2011), al igual que le ha sucedido al actual comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Ambos consideraron en su día que la apertura de este expediente no respondía al normal funcionamiento de la institución, sino a una "puñalada" personal de Montoro. La guerra abierta que mantienen los ministros de Hacienda y de Exteriores, cuyos detalles acaban de salir a la luz pública, ratifican estas sospechas.
Además, no es el único caso destacable. Cabe recordar el bochornoso espectáculo que ha ejercido la Agencia Tributaria durante la instrucción del caso Nóos, alzándose como abogada defensora de Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarín, al rechazar o, cuando menos, minimizar en la medida de lo posible, los graves indicios de delito fiscal en los que están implicados ambos. El responsable último de esta actuación no es otro que Montoro. Igualmente condenables son las amenazas, tanto directas como veladas, que ha protagonizado el ministro contra periodistas, artistas y otros políticos, alegando supuestas irregularidades tributarias, lo cual no solo supone una vulneración de datos confidenciales, sino la utilización arbitraria y despótica de una institución con fines partidistas.
De hecho, tal y como desvelado Libertad Digital, hay sospechas sobradas de que el despacho que en su día creó Montoro (Montoro y Asociados, hoy Equipo Económico) ha funcionado como un lobby donde el tráfico de influencias ha estado a la orden del día gracias, precisamente, a la privilegiada posición política que ostenta su fundador. Los 30 millones de euros facturados desde 2008 o su intermediación para que el Gobierno favorezca a las renovables son buena prueba de ello. En definitiva, Montoro ha dirigido la Agencia Tributaria como si fuera un chiringuito a su servicio, abriendo paralelas a sus colegas del PP, blandiendo amenazas contra determinados colectivos y profesionales, retorciendo la ley para defender lo indefendible en el caso Nóos o favoreciendo a su antiguo despacho… Y si Montoro es capaz de aprovecharse de las instituciones para favorecer o perjudicar a propios y extraños, qué no podría hacer -y ha hecho, no en vano- con los sufridos contribuyentes. El manejo de las instituciones al antojo de los políticos es, sin duda, uno de los principales problemas estructurales que padece la democracia española.