Una semana después de los atentados de Barcelona y Cambrils, la Generalidad persiste en su campaña propagandista para proyectar internacionalmente la imagen de un Estado emergente que se impone a la caduca y silente España. La utilización política de los ataques terroristas por parte de los dirigentes separatistas revela a las claras hasta dónde son capaces de llegar para imponer su proyecto totalitario. Que desde el mismo día de la matanza de las Ramblas el presidente regional Puigdemont y los miembros de su equipo decidieran jugar a ser Estado en un acelerado carrusel de ruedas de prensa muestra que el único propósito de los secesionistas es la constitución de una república que les exima de la corrupción y les otorgue de manera oficial los títulos de los que ya han presumido durante estos días de luto y abatimiento. Y no se van a detener a menos que se les oponga resistencia.
Como es costumbre, los políticos separatistas y sus cargos de confianza han montado la campaña sobre la tesis de que el Estado español es un lastre para los catalanes, cuyas instituciones de autogobierno han dado una lección al mundo sobre cómo actuar en casos de terrorismo. Semejante relato es el dominante en Cataluña, cuya opinión pública está sometida a un martilleo constante sobre las grandes virtudes de la Generalidad, que, inevitablemente, reflejan los gruesos defectos no sólo del Estado o el Gobierno sino de los españoles.
La pieza clave de esta campaña han sido los Mossos d'Esquadra, una policía que debería ser la de todos los ciudadanos de Cataluña pero de la que se han apropiado los separatistas y a la que no dudan en utilizar con obscenos fines propagandísticos. Las glosas nacionalistas sobre la eficacia policial no tratan de ensalzar las virtudes de los Mossos, sino que abundan en el carácter prescindible de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que, según la versión de los golpistas, tratan de impedir que los agentes autonómicos hagan su trabajo por mezquinas cuestiones de envidias y resentimiento.
Cuando aún no se había logrado localizar al fugitivo Younes Abouyaaqoub, Puigdemont y el consejero Forn se ocupaban de resaltar en cada comparecencia mediática que los Mossos no tenían acceso a las bases de datos de Europol por culpa de la visión centralista y anticatalana del Gobierno. Es una acusación explícita sobre las responsabilidades remotas de los atentados. Nada nuevo en la infecta línea de la Generalidad de que todo lo malo que pasa en Cataluña es culpa de España.
Conforme pasan los días, afloran detalles que desmienten el idílico cuento de la Generalidad, novedades sobre omisiones y errores que cobran más relieve por contraste con la manipulación separatista y su intensivo aprovechamiento de los atentados. La reacción de la juez que se personó en la arrasada casa de Alcanar y su aviso de que aquel desastre podría ser de índole terrorista destroza el relato de la eficacia sin límites de la Administración regional. Que un policía belga se pusiera en contacto con un jefe de los Mossos para recabar información sobre el imán de Ripoll tendrá la importancia operativa que los expertos en seguridad determinen, pero lo que está irremediablemente claro es que la Generalidad ha tardado más de un día en admitir que el contacto se produjo. En ese lapso, la lupa estaba, como siempre en Cataluña, sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se habrían desentendido de una alerta fundamental, según el agitprop separatista, mientras Puigdemont y Forn seguían con la exhibición impúdica del superpolicía Trapero, transformado en icono mediático de la república catalana y al que llegaron a sentar en el palco del Camp Nou al lado de un investigado por el tres por ciento. Nada fuera de lugar tampoco. Un año antes por estas fechas, Trapero era el cocinero y cantante en la grotesca paellada que un grupo de amigos de Puigdemont celebró en Cadaqués.
El silencio del Gobierno durante estos días no obedece a ninguna sutil estrategia para que los separatistas muestren su brutal incompetencia e inconsistencia. Es así en Cataluña desde hace tiempo y los atentados no han hecho más que subrayar el matiz de un Gobierno abatido. El burdo aprovechamiento del escenario por parte de la Generalidad es lo que ahora, con más información y contrastada, se vuelve contra la propia Generalidad y destroza su presunta autosuficiencia.
No obstante, si el Gobierno no para los pies a la Administración regional de una vez por todas en su insensata y peligrosa deriva, el referéndum del 1 de octubre se llevará a cabo con impredecibles consecuencias sociales, políticas y económicas. Y son los propios portavoces separatistas, los Rull, Turull y demás, quienes avisan de que los Mossos, cuya capacidad es apreciable, obedecerán las leyes del Parlament en caso de "conflicto de legitimidades".
Visto lo visto en los últimos días, tanto en el plano político como en el policial, no actuar ante tales amenazas separatistas es una irresponsabilidad intolerable.