El PSOE ha negado sistemáticamente que tuviera constancia de la magnitud de la crisis económica antes de las elecciones del 14 de marzo. No es de extrañar, ya que sólo con esta treta se podrían disculpar algunas de sus más delirantes promesas electorales, como la de alcanzar el pleno empleo. Y es que en sólo un año el paro registrado en el INEM ha aumentado un 30% y el número de afiliados a la Seguridad Social se ha hundido en medio millón. No parecen los mejores datos para quienes nos pedían creer en que el desempleo sería erradicado durante esta legislatura. Desde luego, ahora queda claro que era una cuestión de fe ciega.
En este caso, ni siquiera es posible endosarle las culpas a Bush, Aznar, Aguirre, los neocon y cualesquiera otras fobias socialistas. Y es que, si bien es cierto que la crisis subprime estalló en EEUU y esto aceleró el pinchazo de la burbuja inmobiliaria nacional, España es el país de la OCDE donde, con diferencia, más está aumentando el paro.
Este dato resulta aun más dramático si tenemos en cuenta que otras economías europeas, con índices de destrucción de empleo muy inferiores al español, ya han entrado en recesión. Dicho de otra manera, el mercado laboral español destruye muchos más puestos de trabajo que los europeos cuando el crecimiento económico se estanca.
El motivo de esta negativa tendencia no es otra que un entramado jurídico excesivamente intervencionista, creado bajo el pretexto de resultar garantista. El derecho laboral español vuelve prohibitivamente caro el despido y dificulta que el empresario pueda reubicar funcional y geográficamente al trabajador de acuerdo con las necesidades de la producción. La receta perfecta para que, en tiempos de incertidumbre, se paralice la contratación a la espera de condiciones futuras más favorables.
Existe un amplio consenso académico, al que incluso se ha sumado el Banco de España presidido por MAFO, de que el mercado laboral español necesita de una urgente liberalización. Sin embargo, no parece que la clase política y sindical esté a la altura de las circunstancias y sea capaz de ofrecerla.
Los socialistas se dividen en dos grupos: los que se han instalado en la "normalidad" de que la Seguridad Social pierda 500.000 afiliados cada año y los que ni siquiera conocen la magnitud de los datos. Los populares todavía siguen pidiendo perdón por un Decreto Ley liberalizador que aprobaron en 2001 para luego enterrarlo y que bien necesario sería recuperarlo ahora. Y los sindicatos vuelven a la doctrina Solchaga de que no existe otra política económica posible a la que mes a mes condena al paro a 100.000 trabajadores de los que dicen defender.
Pese a la mediocridad y desconfianza que inspiran estos "agentes sociales", no estaría de más que las reuniones del famoso "diálogo social" o los encuentros Zapatero-Rajoy y Montoro-Solbes sirvieran para algo más que para hacerse la foto y darse un bonito ágape a costa de los contribuyentes. Por una vez, políticos y sindicatos podrían tratar de aliviar la crisis poniendo fin a una arcaica y liberticida legislación laboral que se retrotrae al franquismo. Eso sí sería un motivo fundado para creer.