Tras la reunión el viernes de los ministros de finanzas y de los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del G-7, saldada con la concesión de carta blanca a los estados para que intervengan como les plazca en las economías de sus países, Alemania han anunciado un ambicioso plan de rescate cuya cuantía dobla la del Gobierno español. Además, el ejecutivo de Angela Merkel, en consonancia con las manifestaciones del secretario del Tesoro norteamericano, nacionalizará parcialmente el sistema financiero mediante la creación de una sociedad fiduciaria que administrará las participaciones estatales en las entidades bancarias privadas. De esta forma, Alemania se convierte en el tercer país, tras Gran Bretaña y Estados Unidos, en convertir las intervenciones excepcionales en la banca en política de Estado.

Las consecuencias de este nuevo giro de tuerca, impensable hace pocos meses, cuando la nacionalización de Northern Rock en Gran Bretaña perjudicó gravemente la imagen de su Gobierno, son imprevisibles. Tras el anuncio de Gordon Brown de que intervendrá todos los bancos que elija, una medida que justifica con la vaga promesa de que la operación reportará ingentes dividendos a los contribuyentes (cómo se llevará a cabo el reembolso es algo que ni él ni quienes apoyan medidas similares en otros países han sido capaces de explicar), Alemania se ha apresurado a emular a los laboristas británicos. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores germano ha propuesto la creación de un nuevo grupo financiero mundial que incluya entre otros a China, India y Brasil. La misión de este organismo sería reforzar los poderes del Fondo Monetario Internacional y crear un "nuevo orden financiero mundial".

La opción alemana por el establecimiento de nuevos controles transnacionales a la circulación de capitales y servicios responde a la perfección a los mensajes emitidos en los últimos días por el presidente George W. Bush, quien en repetidas ocasiones ha exhortado a las principales potencias económicas actuar de forma concertada. Esto a pesar de que el resultado más probable de estas políticas sea la instauración de un nuevo paradigma que mine los beneficios de la interdependencia económica y de la globalización.

Todo parece indicar la existencia de una táctica de reparto de papeles cuyo objetivo es acallar las críticas que estas medidas, gravemente lesivas para la libertad de mercado, puedan suscitar entre quienes ven en ellas una extensión injustificada del poder del Estado y una fuente de corrupción. Nada mejor que la imagen de consenso para debilitar las objeciones de buena parte de la opinión pública y presentar a los que se oponen a la nacionalización como excéntricos e irresponsables.

Especialmente grave resulta la actitud del Gobierno español, pues a diferencia de otros, que sí han reconocido que sus planes tendrán un coste inmediato para los ciudadanos, nuestro Ejecutivo se empeña en afirmar que el rescate español saldrá gratis, como si el dinero para pagar los altos intereses de las emisiones de deuda pública no saliera del bolsillo del contribuyente. La captación del ahorro privado por parte del Estado inhibe el uso de estos fondos en otras actividades, tiene un efecto negativo sobre el empleo y fuerza la subida de los impuestos. Por tanto, no hay razones para creer que esta situación, que ya padecimos en los años 80 y 90 del siglo pasado, no vaya a repetirse ahora.

Por otra parte, los beneficios a largo plazo anunciados por algunos gobiernos no pasan de ser una mera conjetura. ¿Qué motivos hay para confiar en que, tras una intervención masiva y opaca en la economía, los estados opten después por repartir sus beneficios, si es que los hay, entre la población? Las nacionalizaciones, consecuencia lógica de los planes de rescate, que a su vez son el resultado de la pérdida de confianza de los reguladores en un sistema que no han sabido o querido proteger, han desencadenado un proceso cuyo precio para la libertad y la prosperidad económica nadie conoce. Sólo la historia dirá si fue demasiado alto.