En España el Protocolo de Kyoto pasa por la Dirección General de Tráfico. De nada sirve recordar ahora que dicho protocolo ha sido denunciado por gran parte de la comunidad científica, ni traer de nuevo lo que nos costaría aplicarlo punto a punto y coma a coma en nuestro país. La ministra del ramo está tan persuadida de sus bondades que, aprovechando el mes de agosto, ha hecho dos nuevas propuestas que han dejado la boca abierta a los especialistas del sector del automóvil y han hecho las delicias de las organizaciones ecologistas de la línea dura.
La primera de las ideas estivales de la ministra es una medida única para atacar tres frentes y, supuestamente, atajarlos los tres. Narbona quiere reducir la velocidad máxima en autopistas, carreteras y travesías urbanas. Con esto pretende, por este orden, acabar con la contaminación atmosférica, reducir la siniestralidad y ahorrar gasolina, es decir, petróleo, eso que anda tan caro por culpa de Aznar. Lo primero es dudoso, lo segundo está por ver y lo tercero es pura floritura del que no sabe de lo que habla.
Según la ministra, si los coches van más despacio consumirán menos. Depende, si los coches circulan a 30 kilómetros por hora consumen más, mucho más pues los motores están diseñados para circular a un régimen de revoluciones que, en el caso de los automóviles, se alcanza a partir de cierta velocidad. Lo de la siniestralidad es presumir que porque el reglamento diga que en autovía la velocidad es de 110 Kilómetros por hora en lugar de 120, los que corren van a dejar de hacerlo. Las autopistas españolas están plagadas de conductores que circulan a 140, 160 ó 180 kilómetros por hora muy a pesar de que las señales digan que no pueden hacerlo a más de 120. Si les coge la Guardia Civil les multa, si no lo seguirán haciendo. Hay un viejo adagio jurídico que dice que cuánto más restrictivo es un reglamento más se incumple. Fijar la velocidad máxima en autovía en 90 kilómetros por hora –como defienden los ecologistas– es poner a casi todos los conductores españoles en la ilegalidad.
En cuanto a la contaminación, una reducción en la velocidad máxima no implica una reducción en las emisiones como ya ayer adelantó el Real Automóvil Club de Cataluña. Lo que si implica, y mucho, es en un aumento del gasto, y no precisamente energético. ¿Ha pensado siquiera un segundo la ministra el coste de reseñalizar toda nuestra red viaria?, ¿sabe Cristina Narbona cuántos kilómetros de carretera y autovía deberían volver a pintarse para satisfacer su capricho?
No satisfecha con haber sido por un día Directora General de Tráfico y ministra de Economía, ayer Narbona volvió a la carga aunque, esta vez, con el disfraz de concejala de movilidad urbana. Inspirada por el alcalde de Londres, Ken Livingstone o Ken el Rojo tal y como se le conoce en la ciudad del Támesis, nos ha revelado que tiene en mente cobrar peajes para acceder al centro de las ciudades. ¿De Madrid?, ¿de Barcelona?, ¿acaso de Valencia? No, de todas las que superen los 100.000 habitantes. Centro y extrarradio de la capital o la Ciudad Condal se convertirían en avisperos de cabinas de peaje cobrando a diestro siniestro para mayor gloria de las arcas públicas.