Las recientes declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, contra los agricultores murcianos -a los que acusaba de regar con aguas fecales- han desatado una alarma sin base en Gran Bretaña, Holanda y Bélgica contra los productos hortofrutícolas españoles. Semejantes calumnias contra los propios productos nacionales hubieran provocado, en cualquier otro país, el fulminante cese del titular del ministerio. En la España de Zapatero y de Carod Rovira, en cambio, no pasa nada.
De poco deberían servir, sin embargo, a Narbona sus posteriores y forzadas disculpas para seguir en el cargo y, desde luego, de poco han servido para calmar la indignación de los agricultores. Podríamos decir que aquellas calumnias de Narbona “llovían sobre mojado” o que fueron “la gota que colmó el vaso”, sino fuera porque la razón de que los ánimos ya estuvieran previamente encendidos contra la ministra se debía, precisamente, a la falta de agua y a la disparatada política hídrica del gobierno de Zapatero.
La derogación del Plan Hidrológico Nacional y su “sustitución” por el plan A.G.U.A, basado en la proliferación de plantas desalinizadoras en la costa sur mediterránea, es, sin duda, uno de los mayores disparates alcanzados por el gobierno de Zapatero en su obsesiva política de hacer justo lo contrario que el PP y en su servil disposición de hacer cuanto les exijan sus independentistas socios de gobierno.
No contento con la derogación del trasvase del Ebro, el gobierno de ZP ha decidido reducir la cuantía del trasvase Tajo-Segura de 120 a 82 hectómetros cúbicos, lo que ha acabado con la paciencia de los agricultores. La multitudinaria manifestación que ayer recorrió las calles de Murcia promete ser la primera manifestación de una campaña de movilización de la España seca en contra de la disparatada política hídrica del gobierno ZP.
La sociedad civil, no sólo de Murcia, sino también de la Comunidad Valenciana o Almería, no va a dar por inamovible la decisión de acabar con un Plan Hidrológico que contaba con el apoyo financiero de la UE y con más del 80 por ciento de consenso en el seno del Consejo Nacional del Agua y que, sin embargo, el gobierno de ZP, con tanta irresponsabilidad como carencia de talante, ha derogado de un plumazo sin el menor ánimo de consenso.
Que una política como Narbona, partidaria en tiempos de Borrell de trasvases de mayor envergadura que los contemplados en el PHN, tenga ahora que defender una “alternativa” tan inviable y falsa como la propuesta por el gobierno, explica la escasa convicción y la escasa frecuencia con la que, últimamente, la defiende ante los afectados. Más aun cuando le toca dar la cara, como ministra de Medio Ambiente, por un plan que los propios informes técnicos de su ministerio –no digamos ya los de Universidades extranjeras- desaconsejan, por el gran consumo energético e impacto contaminante que tiene el uso generalizado de desalinizadoras.
El estéril perjuicio que esta inviable y cainita política de ZP ocasiona en el Levante, no sólo a la agricultura, sino también a la industria y al turismo, es de tal envergadura que hay expertos –como nuestro colaborador Amando de Miguel- que confían en que, finalmente, el gobierno dará marcha atrás antes del final de la legislatura.
Lo que no nos cabe duda es que manifestaciones en pro de que así sea no cesarán con la que este jueves ha recorrido las calles de Murcia.
