Ha querido la casualidad que, en el curso del mismo día, el problema de la vivienda haya sido noticia dos veces en la misma ciudad, en la Barcelona del tripartito. Por la mañana la ministra del ramo, la inefable María Antonia Trujillo, se ha descolgado con unas declaraciones en las que, refiriéndose a la ocupación de Can Ricart, justificaba el comportamiento de sus colegas catalanes asegurando que, el de los "okupas", es otro "estilo de vida". Suponemos que, por la despreocupación con la que Trujillo habla de semejante problema de orden público, el "estilo de vida" de estos colectivos que parasitan continuamente del mismo sistema que dicen aborrecer es tan válido como, por ejemplo, el de un trabajador que destina buena parte de su salario a liquidar la hipoteca con lo que le ha quedado tras pagar la abultadísima factura que Hacienda le presenta cada mes.
Que un ministro de la Vivienda se dedique a justificar a los que las ocupan ilegalmente es tan preocupante como si el de Economía viese con buenos ojos a los atracadores de bancos, por mucho que éstos últimos adornasen sus fechorías con radicalismo buenista y consignas extraídas de la Tercera Internacional. En la España de Zapatero, sin embargo, todo parece posible, hasta que los poderes públicos inviten abiertamente a delinquir arguyendo que, en otras ciudades europeas, eso también pasa y, por una curiosa regla de tres, no es necesariamente malo. Es más que probable que Trujillo, que se repantinga diariamente en un despacho de casi 40 m2, no se haya planteado que, si el "estilo de vida" de los "okupas" prospera, el problema de la vivienda entre los jóvenes terminará resolviéndose, pero a palos, es decir, que será la ley del más fuerte la que redistribuya a la fuerza los inmuebles. Y es que sería mucho pedir que el emblema de las ministras-cuota viese más allá de sus narices.
Por la tarde, y aún impactados por las simplezas de la ministra, el Gobierno catalán ha sorprendido a todos rescatando un viejo proyecto de Ley que, en esencia, consiste en facultar al Estado para expropiar las casas de los ciudadanos si éstos no las ocupan durante dos años. Los comunistas catalanes, padres si no de la idea, sí de la ley, pretenden con esta medida acabar con la especulación y poner a circular en el mercado de alquiler los inmuebles que se encuentren desocupados. No es necesario remarcar que ni con esta ni con ninguna otra "ideíta" sobre la enajenación forzosa de la propiedad se va a solucionar problema alguno relativo a la vivienda. Lo agravará, y si no al tiempo.
Esto por la parte que toca a la justificación que sus mentores le han buscado a la ley de marras. Por la que afecta a cuestiones principales, sagradas en cualquier democracia que merezca tal nombre como la libertad o la propiedad, dotar a los políticos con semejante poder es abrir la portezuela de la tiranía. Porque lo que se despacha en este asunto no es que el Estado expropie un piso semiabandonado en el casco viejo tras un calvario judicial, sino que pueda legalmente hacerlo de un plumazo con cualquier vivienda que lleve más de dos años deshabitada o, lo que es peor, que algún político de progreso se encargue de hacerla pasar por deshabitada para cumplimentar sus ansias de ser una mala caricatura de Robin Hood con traje de Armani.
Estas son las cartas con las que este Gobierno de ingenieros sociales quiere plantar cara a un problema como el de la carestía de la vivienda. Un problema al que, por añadidura, ningún Gobierno puede poner coto porque el secreto para resolverlo no se encuentra en la coacción ni en el espíritu de redistribución sino en el mercado y el respeto a la propiedad privada. De Zapatero, sus ministros y la legión de entusiastas que ha brotado por toda la geografía española no se puede esperar que recapaciten, simplemente porque sus prejuicios son de tal profundidad que sería imposible que lo hiciesen. Sólo la sociedad civil puede frenar el nuevo despotismo que conduce irremisiblemente a la servidumbre y a la miseria.
