Es difícil creer que Don Juan Carlos hubiese tomado la decisión de abdicar ya en enero y que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición estuvieran al tanto desde marzo, sobre todo si se tiene en cuenta la falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo y la sensación de improvisación que está transmitiendo todo el proceso. Ni siquiera se sabe con seguridad cuándo va a producirse la proclamación de Felipe VI: la fecha del 18 de junio no ha sido confirmada por la Casa Real ni por el Gobierno, que se limita a señalar que el asunto "no está cerrado". Se cree que se hará coincidir el acontecimiento con la publicación en el BOE de la ley orgánica que consignará la abdicación de Don Juan Carlos.
Tampoco se sabe nada de una cuestión capital: el tratamiento y el estatus de Don Juan Carlos una vez haya dejado de ser el Jefe del Estado. Lo más que ha dicho el ministro de Justicia respecto de la "inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad" de que pudiera seguir gozando es que será regulada "en su momento por un real decreto".
Tratándose de una abdicación, quizá sea excesivo aspirar al automatismo que encierra el conocido refrán "A rey muerto, rey puesto", pero no por ello deja de ser lamentable y evitable la imagen de precipitación que se está transmitiendo; lo único seguro y claro parece ser el orden de sucesión al trono, que, para colmo, contradice el deseo de las élites políticas y mediáticas de acabar con la tradicional prelación del varón sobre la mujer.
Una abdicación nunca debe dar la impresión de ser una huida hacia adelante, y la única defensa que podría tener la precipitación e improvisación que esta renuncia está transmitiendo residiría en el pésimo momento elegido: los dos grandes partidos que han servido de base a la Monarquía acaban de cosechar su mayor fracaso electoral en unos comicios en los que han descollado fuerzas abiertamente contrarias a aquélla. Para colmo, los promotores del mayor y más grave desafío institucional contra la Nación, el proceso separatista catalán, se dicen decididos a seguir rumbo al despeñadero.
A ello hay que sumar que en el mismo PSOE hay sectores favorables a la celebración de un referéndum en torno a la continuidad de la Monarquía y contrarios a mantener el consenso constitucional al que hace unos días se refería el fugitivo Alfredo Pérez Rubalcaba.
El nuevo monarca habrá de contribuir a la regeneración del sistema y a la salvaguarda de la unidad de la Nación si no quiere pasar a la historia por ser el último.