Tras entrevistarse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha declarado que el Estado debe "articular las medidas para restablecer el orden constitucional" y poner fin al desafío separatista. Se trata de una obviedad que no merece siquiera la mera mención si no va acompañada de una enumeración detallada de las "medidas" a las que se alude.
Pero todo parece indicar que tanto el líder de la oposición como el presidente del Gobierno siguen a estas alturas sin atreverse a mencionar ninguna de esas "medidas", salvo la de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para que dicte algo tan obvio como la ilegalidad de una resolución que expresamente declara la voluntad del Parlamento catalán de desconectarse del ordenamiento jurídico nacional.
La medida más rápida y proporcional para sofocar el proceso golpista sería la suspensión –gradual o completa– de la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta intervención por parte del Estado central garantizaría los servicios públicos a todos los catalanes, al tiempo que evitaría de inmediato la comisión de nuevas ilegalidades y que se siguieran destinando fondos públicos al igualmente ilegal y oneroso proceso de construcción nacional.
Otra forma, si bien más indirecta y lenta, sería que el Gobierno anunciara su compromiso de desconectar a la Administración en rebeldía de todo recurso financiero extraordinario hasta que derogue la resolución separatista y dé muestras inequívocas de acatamiento del orden constitucional. Así, en el caso de que siguiera destinando recursos a la secesión y a sus ilegales estructuras de Estado, la Generalidad entraría en proceso de suspensión de pagos y la Administración central tendría que intervenirla por razones económicas.
Una tercera vía pasaría por apelar directamente al Derecho Penal y advertir abierta y claramente a los promotores del golpe de los delitos y las penas aparejadas a su manera de proceder. Esta vía, en caso de ser la única contemplada, ralentizaría el sofocamiento del golpe, al tiempo que borraría su carácter institucional. A diferencia de la suspensión de la autonomía, el procesamiento de los golpistas podría no evitar que otros les sucedieran al frente de las instituciones autonómicas. Por eso lo más sensato sería no abordar la vía penal en exclusiva.
Lo que es evidente es que, de la misma forma en que los nacionalistas trazaron hace años sus planes para hacer añicos la Nación y el Estado de Derecho, el Gobierno de España y las fuerzas constitucionalistas deberían contar ya con una respuesta contundente para sofocar política, financiera y penalmente a los sediciosos. Pero no: disfrazando la irresolución con los ropajes de la prudencia, las irresponsables élites políticas siguen apostándolo todo a lo que diga un Tribunal Constitucional al que los separatistas vienen desobedeciendo desde que Artur Mas proclamase en 2012 que no habría "tribunales ni constituciones" que parasen el proceso de secesión.
Ya está bien de proclamas como la de "España no se negocia" y tantas otras cuya grandilocuencia no alcanza para ocultar el hecho de que los líderes de los principales partidos siguen sin comunicar a la ciudadanía cómo van a defender la Nación y restablecer el imperio de la ley.