El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió este miércoles a trámite la querella presentada por UPyD contra Bankia y ha citado como imputados al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y a más de una treintena de consejeros de las cajas que formaron el grupo, entre ellos el exministro de Interior, Ángel Acebes, así como a otros destacados miembros del PSOE o Izquierda Unida, pues como resulta habitual en estas instituciones de ahorro, sus directivos son designados por los partidos políticos con criterios de proporcionalidad.
No cabe duda de que los problemas financieros de Bankia han convertido a esta institución en el principal foco de atención de la opinión pública por las dimensiones del rescate público efectuado, pero no podemos olvidar que los problemas de las cajas de ahorro españolas tienen un carácter sistémico, a pesar del escaso celo investigador de los fiscales demostrado en el caso de las entidades controladas por el PSOE o las formaciones nacionalistas.
En el caso de Bankia, sus principales dificultades tienen como origen la absorción de otras cajas de ahorro arruinadas en sus respectivas comunidades autónomas, una decisión que le fue impuesta a la entidad madrileña por el Banco de España dentro del plan de reestructuración de las cajas de ahorro pilotado por Miguel Angel Fernández Ordóñez, gobernador del banco central español hasta hace escasas fechas. Por eso resulta sorprendente que el máximo responsable del órgano encargado de supervisar nuestro sistema financiero, y con él su equipo directivo, no haya sido requerido todavía para dar abundantes explicaciones ante la misma fiscalía que pretende desentrañar el proceso a través del cual se llevaron a cabo las fusiones, que ha tenido unas consecuencias tan desastrosas para la entidad.
Es cierto que, junto a este aspecto institucional de los mecanismos de absorción, la querella tramitada acusa a los directivos de Bankia de graves delitos personales que el tribunal correspondiente deberá juzgar llegado su momento. Sin embargo, estas acusaciones de carácter genérico curiosamente no alcanzan a los gestores de otras cajas de ahorro con una gestión ruinosa que también han requerido de fondos públicos para su saneamiento, lo que dice muy poco de la imparcialidad de unos órganos judiciales que tienen como deber servir al interés público con criterios de ecuanimidad.
La Justicia debe ser implacable en la persecución de este tipo de delitos, pero también ha de ser igual para todos, algo de lo que hasta el momento cabe dudar a tenor de la hemiplejia investigadora de nuestros jueces y fiscales. Los ciudadanos queremos que se castigue a los culpables, pero a todos, no sólo a unos cuantos en función de una determinada adscripción política que es, lamentándolo mucho, lo que parece estar sustanciándose en el caso que está hoy de actualidad.