Que el respeto a la propiedad privada es una condición necesaria para la existencia de un orden civilizado, es algo tan claro como que las notas más características de la barbarie son precisamente la falta de respeto por la propiedad y por la vida, pudiéndose entender en cierto modo esta última como la principal y primera propiedad del individuo. Y quizá la prueba más elocuente de ello, aparte del estrepitoso fracaso de todos los experimentos basados en el comunismo puro que se han intentado en la Historia, es que la razón de ser del Derecho, los tribunales y los jueces es precisamente defender la vida y la propiedad privada castigando a quienes atentan contra ellas, sean cuales sean sus motivos. Tanto es así que, para Cicerón, la principal virtud cívica era la Justicia –sin apellidos–, pues si ésta no existe, la civilización perece. Y es sintomático que sea precisamente en lo relativo a la propiedad donde los jueces y fiscales progresistas, partidarios del uso "alternativo" de las leyes y del Derecho, ensayan con más frecuencia sus "innovaciones".
Para ellos, la figura del okupa tiene el aura romántica del justiciero que "enmienda" por las bravas ese "gran error", la propiedad, causa de todos los males del mundo. Ya han sido unos cuantos los que han manifestado que allanar una propiedad privada no debería ser un delito penal. Entre ellos, el del juez que llevó el caso de los okupas de Can Masdeu –absueltos por que los propietarios (la Generalitat, el Obispado y el Ayuntamiento de Barcelona) han retirado la demanda–, o el del juzgado nº 3 de lo penal Barcelona, que por las mismas fechas que el asunto de Can Masdeu, llegó a cuestionar la constitucionalidad de penar la ocupación de viviendas en otro caso similar.
Y a estos vienen a unirse el fiscal jefe del TSJ de Cataluña –probablemente la comunidad con más tasa de aberraciones judiciales por habitante–, quien habría dado instrucciones a sus subordinados para no perseguir a los okupas si no interfieren en el uso y disfrute del inmueble, y la titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Tarragona, quien el lunes recriminó a la fiscal de su tribunal el que no hiciera caso a las "directrices" de su superior al acusar a dos okupas que habían invadido un edificio en ruinas. Para la juez, que, siguiendo el criterio del fiscal, los ha absuelto, los okupas realizaban una función "social", ya que desarrollaban "actividades lúdicas y de formación" que fueron "bien acogidas por las asociaciones vecinales". Aún más, para ella es irrazonable" acusar a "quienes respondieron y satisficieron una demanda social" para proteger "fincas abandonadas o en mal estado, incluso ruinoso".
Es decir, tanto para la juez como para el fiscal del TSJC, el descuido o el aparente abandono de una propiedad justifican el que cualquiera –siempre que sea okupa y, por tanto, progresista– pueda entrar y servirse de ella a voluntad sin necesidad de pagar alquiler o de pedirle permiso a su dueño, en tanto realice "actividades lúdicas y de formación" que suelen consistir casi invariablemente en agitprop antisistema ultraizquierdista donde, en no pocas ocasiones, se enaltece o se justifica el terrorismo. Habría que preguntarse si la juez y el fiscal del TSJC hubieran mantenido su criterio en el caso de que, en lugar de okupas, se tratara de jóvenes neonazis que quisieran también habilitar un local para sus reuniones y sus "actividades lúdicas". Pero, sea como fuere, la cuestión es que el disfrute de la propiedad es incompatible con ninguna otra restricción que no sea la que quiera imponerle su propietario o las que prevean las leyes, precisamente porque la propiedad, desde el Derecho romano, se define como la total soberanía sobre la cosa poseída sin que quepan excusas o interferencias de otros, pues si no, no es propiedad.
Si es que el CGPJ sirve de verdad para algo, debería cortar de raíz la "moda" jurídica de enaltecer y justificar a los okupas que tanto ha arraigado en Cataluña. Porque, además de que es preciso salvaguardar la verdadera función social de la propiedad –que es ser el origen y la fuente del progreso y la civilización–, no tendría mucho sentido que las fuerzas del orden público necesiten una orden judicial para entrar en una propiedad privada mientras que los okupas pueden entrar y quedarse el tiempo que quieran con el beneplácito de un juez.