El mismo día en que el secretario de Estado de Economía, David Vergara, confirmaba que los ciudadanos no conocerán los nombres de las entidades financieras que recurran a la ayuda estatal hasta cuatro meses después de que se concedan, el presidente del Gobierno ha anunciado una moratoria parcial del pago de las cuotas hipotecarias a los trabajadores que se han quedado en paro, a los autónomos que han perdido su negocio y a los pensionistas con cargas familiares.
Concretamente, estas familias podrán dejar de pagar el 50% de la cuota hipotecaria, con un máximo de 500 euros por mes, a partir del próximo 1 de enero y durante 24 meses, siempre que su hipoteca no sea superior a los 170.000 euros. El Estado garantizará, a través del Instituto de Crédito Oficial, el pago de la otra mitad de la cuota hipotecaria, que se deberá pagar a partir del 1 de enero de 2011 mediante un prorrateo (repartido entre las mensualidades) durante un periodo máximo de 10 años.
Lo primero que debemos señalar es que el Gobierno lo que está haciendo en realidad con esta medida es disfrazar con los ropajes de la sensibilidad social un mecanismo que traslada al contribuyente los riesgos y pérdidas que podrían acarrear a las entidades financieras sus clientes de dudoso cobro. No vamos a negar, por ello, que para estos clientes (de quienes no cabe hacer ningún juicio moral por haber perdido el empleo o por haberse endeudado con tipos de interés artificialmente bajos), la medida anunciada por Zapatero pueda servirles para paliar la dramática situación por la que atraviesan.
Ahora bien, tampoco el resto de los ciudadanos son culpables de nada como para tener que soportar coactivamente los riesgos y las cargas de los bancos y de los ciudadanos insolventes. Además de denunciar que el Gobierno es más culpable que socorrista de la dramática situación por la que atraviesan estas familias, todos deberíamos advertir que lo que el Ejecutivo ha planteado con esta moratoria es una anestesia, no una cura del problema. Una anestesia que se administra, por lo demás, con la arbitrariedad y discrecionalidad que caracteriza al intervencionismo económico. Así, fijar como límite máximo los 170.000 euros de hipoteca, tal y como el proyecto considera "razonable" para poder pedir la moratoria, puede ser, ciertamente, adecuado para una vivienda en los pueblos y en alguna capital de provincia, pero resulta absolutamente cicatero para ciudades como Madrid o Barcelona.
En cualquier caso, esta moratoria no puede convertirse ni en un medio para neutralizar la impopular y clamorosa opacidad del plan de rescate bancario aprobado por el Gobierno y la oposición, ni en una forma de amortiguar los últimos datos de paro y afiliación, ni tampoco en una forma de ocultar la clamorosa pasividad a la hora de afrontar reformas profundas en el terreno laboral y fiscal que sirvan de manera efectiva para solucionar el problema del desempleo y de recesión económica.
A este respecto, el otro anuncio de Zapatero de crear una nueva modalidad de bonificación de 1500 euros para la contratación indefinida de desempleados con cargas familiares, no deja de ser otra maniobra de distracción a cargo del contribuyente si la comparamos con el poder disuasorio que para la contratación tiene los costes del despido.
En lugar de afrontar con decisión los problemas, está visto que el PSOE se dedica, tal y como temimos en su día parafraseando a Bastiat, a alimentar esa gran ficción que es el Estado, por la cual todos creen poder vivir a costa de todos los demás. En ese empeño de reforzar el intervencionismo como forma de solucionar los problemas que ese mismo intervencionismo ha creado, nos estamos deslizando por una pendiente socializante en la que el Estado cada vez controla más riqueza nacional y, con ella, nuestras vidas y nuestra libertad.