La Fiscalía ha decidido por fin abrir una investigación sobre las cuentas de UGT, en concreto de su filial andaluza, después de las informaciones publicadas en Libertad Digital y las últimas aportaciones del diario El Mundo. El exhaustivo trabajo de Pedro de Tena, que desde el mes de mayo destapó en LD el escándalo, ha sacado a la luz pública una trama corrupta que se dedicaba a desviar los fondos destinados a los cursos de formación a las arcas de los sindicatos y a los bolsillos de sus principales dirigentes. El modus operandi no era demasiado sofisticado, sino que consistía en la alteración y falsificación de facturas, para cargar el dinero destinado a los parados a otros gastos de UGT-Andalucía. Entre ellos, los sobresueldos que percibían todos los miembros de la anterior Ejecutiva, que justificaban como gastos de desplazamiento –todos pasaban cada mes exactamente el mismo kilometraje– y dietas por comidas –también todos el mismo número. Dinero que, por cierto, almacenaban en bolsas de basura, todo un clásico ya en los casos de corrupción.
La acumulación de casos demuestra que estamos ante una conducta sistemática y lo burdo del procedimiento, solo se explica por el clima de impunidad en el que están instalados los sindicatos, la patronal y los partidos políticos. En otras palabras, la casta política. Al igual que en el caso de los ERE fraudulentos, estamos ante un caso especialmente repugnante desde cualquier punto de vista moral. El saqueo de unos fondos públicos cuya finalidad era la reinserción laboral de los parados en una región como Andalucía, que tras 30 años de gobiernos socialistas supera el 30% de paro y el 50% en los jóvenes, por parte de organizaciones que se arrogan la representación de los trabajadores es sencillamente asqueroso.
La Fiscalía se ha tomado su tiempo, más de dos meses, pero finalmente ha decidido actuar. Nos gustaría ser más optimistas, pero la situación de la Justicia en España, absolutamente controlada por los partidos políticos, no nos lo permite. Más si cabe al tratarse del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde el control político es mucho más férreo. Desgraciadamente, casos como el de la juez Alaya –que es un juzgado de primera instancia – son excepcionales y heroicos. Por ello, en Libertad Digital no nos cansaremos de repetir que el primer y más grave problema que tiene España es el del control político de la Justicia, agravado por el inefable ministro Gallardón. A esto se suma una estructura sindical vertical, impropia de una sociedad abierta y civilizada. Unos sindicatos amarillos, que mientras sigan financiándose con dinero público y no a través de las cuotas de sus afiliados, seguirán siendo un pestilente nido de corrupción.