La excarcelación de medio centenar de narcotraficantes apresados en aguas internacionales es el último escándalo protagonizado por la Audiencia Nacional, hoguera de las vanidades donde los jueces aspirantes al estrellato judicial llevan demasiado tiempo actuando según su particular criterio en régimen de impunidad. El Tribunal Supremo, con la rara unanimidad reservada para los casos más clamorosos, revocó hace dos días la orden de la AN, todo un varapalo para los magistrados que decidieron echar un pulso al Gobierno utilizando los casos sometidos a su jurisdicción.
A nadie puede escapársele que el origen de este embrollo jurídico, que ha dado con la puesta en libertad de casi medio centenar de traficantes de droga, es la manera que los jueces de la AN han manifestado su rechazo a la negativa del Ejecutivo a seguir su criterio en la última reforma de la denominada justicia universal.
En la estimación del recurso planteado por la Fiscalía Antidroga, el Supremo deja meridianamente claro que, en virtud de la legislación española y los tratados suscritos por nuestro país, los jueces españoles son competentes para luchar contra el narcotráfico en aguas internacionales. La propia lógica de las actuaciones judiciales y una lectura desprejuiciada de las normas aplicables impiden ya de hecho cometer una acción tan irregular, cuando no delictiva, tal y como quedó reflejado en los votos particulares emitidos en el despropósito jurídico de los magistrados de la AN. Sin embargo, la orden del Supremo llega cuando, casi con completa seguridad, los 47 detenidos en operaciones antidroga ya han abandonado el país, aprovechándose del afán de protagonismo de unos jueces que han puesto sus intereses por delante del estricto cumplimiento de su función jurisdiccional.
No es, por desgracia, el único escándalo judicial protagonizado por los magistrados de la AN. Bien cercana en el tiempo está la excarcelación masiva de etarras con el pretexto de un fallo europeo sobre la interpretación de la llamada Doctrina Parot, en virtud del cual fueron puestos en libertad decenas de asesinos terroristas, entre ellos algunos de los más sanguinarios de la historia de la banda. Ahora le ha tocado el turno a los narcos, el otro gran pilar que fundamentó durante la Transición la creación de un tribunal especial de estas características.
Pues bien, si estos magistrados con ansias enfermizas de protagonismo ya no luchan contra el terrorismo -porque ha dejado de existir, según la doctrina oficial- y además se declaran incompetentes para detener a los narcotraficantes, lo único sensato que se puede hacer con la Audiencia Nacional es lo que hemos defendido desde hace mucho tiempo en Libertad Digital: cerrarla. Y cuanto antes, mejor.