Han pasado quince días desde la inesperada y vergonzosa aprobación del plan Ibarreche en el Parlamento vasco. Por fin, ayer, el presidente del gobierno se reunió con el líder del principal partido de la Oposición en el Palacio de la Moncloa para tratar el tema y para procurar buscar una salida conjunta de una crisis que hoy es política, mañana puede ser institucional y al siguiente puede devenir en la espoleta que derrumbe todo el edificio constitucional y con ello, la Nación española tal y como hoy la conocemos. Se ha retrasado demasiado esta cita. Rodríguez Zapatero, que lleva nueve meses haciendo equilibrios sobre el alambre junto a sus socios independentistas de ERC, ha tardado más de la cuenta en reaccionar. Y eso que advertencias no le han faltado; la sociedad española está alerta y claramente posicionada en contra del proyecto secesionista vasco y el mismo con el que se reunió ayer viene insistiendo desde el primer día del año en la necesidad de consensuar una postura común desde los dos grandes partidos, representantes, a fin de cuentas, de la voluntad del 80 por ciento de los españoles.
Mariano Rajoy llegó ayer a La Moncloa con un mensaje tranquilizador para el Ejecutivo, centrado en la cooperación y en la necesidad de diálogo entre las dos principales fuerzas políticas. Eso, en español llano, se llama buen talante, lejos, como puede apreciarse, de la palabrería hueca y estéril en la que ha abundado en exceso el presidente del Gobierno a lo largo de las dos últimas semanas. El Pacto de Estado por la convivencia y el consenso constitucional en España que presentó el líder del PP es un programa de acción inmediata para neutralizar de facto el proyecto de reforma del Estatuto vasco. El documento, centrado en la Constitución, se fundamenta en presentar sin más demora un recurso ante en Tribunal Constitucional contra el Plan Ibarreche y en la no admisión del mismo a trámite en el Congreso de los Diputados. Junto a esto, que no es poco, el pacto propuesto por Rajoy incluye un recurso del caso Atucha, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos y un recurso extra sobre la reforma del Código Penal que elimina el delito de convocatoria de referéndum y de financiación de partidos ilegalizados. Es decir, un paquete completo de medidas para hacer que coagule la herida provocada por los nacionalistas vascos antes de que ésta empiece a sangrar a borbotones.
A pesar del triunfalismo reinante en los momentos posteriores al encuentro y las sonrisas cómplices de socialistas y populares en la puerta de La Moncloa, el presidente del Gobierno no ha suscrito en firme ni uno de los puntos presentados por Rajoy. Ni uno. Se ha limitado a aceptar la creación de una comisión bilateral que estudie el contenido de ese pacto de estado que, de ser aplicado mañana, acabaría con el problema de un plumazo. Comisiones como esta ya se han dado en época reciente. En 1992 el PSOE, el PP y el Gobierno de Felipe González firmaron uno semejante para estudiar y consensuar las reformas autonómicas. Una década más tarde se formó una del mismo tipo para llegar a lo que hoy es el Pacto Antiterrorista. Si Zapatero se toma en serio las ideas que el PP le “regaló” ayer puede dar por zanjada la crisis antes de lo que piensa, sin embargo, todo hace pensar que no va a ser así. Las ataduras parlamentarias y de Gobierno del binomio PSOE-PSC son tales que es materialmente imposible que, vista la trayectoria del actual Gobierno, varios puntos del pacto sean aceptados en La Moncloa. La razón es simple, las exigencias del PP y las de sus socios separatistas son, simplemente, incompatibles. Y ZP lo sabe.