Es cierto que el sistema electoral español no es de tipo mayoritario, sino proporcional. Los escaños no van a parar en exclusiva a aquel partido que dentro de una circunscripción ha obtenido la mayoría de votos, sino que se reparten proporcionalmente entre las distintas formaciones políticas. La finalidad de esta fórmula es que las instituciones democráticas reflejen de un modo más fidedigno la voluntad del plural pueblo soberano. Sin embargo, cuando los partidos que ostentan el poder tratan de pervertirlo y de retorcer los mandatos ciudadanos, el sistema proporcional puede, paradójicamente, conducir a un ataque directo contra esa voluntad popular.
Una de esas perversiones es el famoso Pacto del Tinell; acuerdo por el que todos los partidos decidieron coaligarse para bloquear el acceso del PP a los distintos gobiernos. Es harto dudoso que la voluntad de sus electores fuera que todas estas heterogéneas formaciones se unieran en un frente común contra los populares, pero aun así se formaron gobiernos cojos y contra natura que, posteriormente, han sido revocados en las urnas. En gran medida, tras sus excelentes resultados electorales del 22-M, el Pacto del Tinell ha dejado de ser funcional. No obstante, todavía existen reductos donde la filosofía del Tinell sigue en pie. Dos ejemplos nos valdrán para ilustrarlo.
El caso más claro puede que sea el del Ayuntamiento de Getafe: allí UPyD tiene la llave para la gobernabilidad. Sus concejales se comprometieron a votar a la lista más votada –que ha terminado siendo el PP– y, en todo caso, marcaron considerables distancias con el PSOE de Pedro Castro, quien llegó a incluir a una imputada en las listas. Pese a ello, parece que la posibilidad de tocar poder real con el PSOE les está llevando a desdecirse y a plantearse incumplir el compromiso que asumieron ante sus votantes (quienes a buen seguro deseaban un cambio en el consistorio): un gesto que resultaría lamentable para un partido que pretende colocarse a la vanguardia de la muy necesaria regeneración democrática en nuestro país.
Algo similar sucede en el caso del Ayuntamiento de Leganés. Allí, PSOE e IU han perdido la mayoría en favor del PP y de la ULEG, un partido local cuyo votante medio está ideológicamente muy cercano al PP. Los de ULEG firmaron ante notario que se apoyarían a sí mismos en la investidura, y de momento no parece que vayan a traicionar este compromiso con sus electores. Cosa distinta sucede con PSOE e IU, quienes llevan más de tres décadas controlando el consistorio y están enormemente preocupados de que el PP los sustituya y comience a levantar alfombras. De ahí que se estén planteando elevar a alcalde al candidato de la ULEG, algo que obviamente se opondría por entero a la voluntad de quienes los votaron para que fueran ellos quienes gobernaran.
En definitiva, las ansias de poder de nuestros políticos o el deseo de conservarlo a cualquier costa bien pueden conducir a la formación de gobiernos inestables y contra natura que, lejos de gobernar de acuerdo a los deseos de la mayoría de los electores, subviertan su voluntad en nombre de minoritarios intereses espurios. Esperemos que, finalmente, el sentido común y democrático termine imponiéndose.