Aunque habrá que esperar más tiempo para ver en qué se concreta el pacto de los socialistas con los independentistas catalanes, conviene salir ya al paso de algunas de las explicaciones que sobre esta negociación —y concretamente sobre el nuevo modelo de financiación— están dando sus participantes. Si los independentistas hablan de lograr la total “soberanía fiscal” para Cataluña, los socialistas catalanes, en ese misma línea aunque con otras palabras, hablan de una “Agencia Tributaria propia” que recaude y gestione los tributos, tal y cómo ha explicado el primer secretario del PSC, José Montilla. El objetivo declarado de ambas formaciones no es otro que excluir a Cataluña de ese deber de solidaridad que, según la Constitución, debe imperar entre las autonomías.
Lo cierto es que, tanto desde el PSC como desde ERC, se ha cultivado el típico discurso victimista del nacionalismo que se queja de que Cataluña aporte más al Estado de lo que recibe de él. Es curioso que esta queja la hagan unas formaciones de izquierda que siempre han abanderado la función redistributiva que debía tener —también entre regiones— la política fiscal. No obstante, es necesario matizar que, si bien Cataluña tiene un saldo fiscal per cápita —cada vez menos— desfavorable, mucho más lo tiene Baleares —más del doble— o la Comunidad de Madrid —más del triple—, sin que en estas últimas se haya practicado esta insolidaria cultura de la queja. Conviene señalar, por cierto, que el País Vasco —donde también se practica ese falso victimismo— es un clarísimo beneficiario neto en su relación con el Estado.
Lo más patético, sin embargo, es ver a Zapatero tratando de convencernos de que esta pretensión del nuevo gobierno catalán de ir por libre en materia hacendística responde al principio de “pagar por renta y recibir por población” o de que se trata de un modelo que “no requiere reforma constitucional alguna”...Vamos, como si nuestra Carta Magna no fuera clara ya en su articulo 2 —y en muchos otros—, respecto a que “se reconoce y garantiza la solidaridad entre las autonomías”. Eso por no hablar de las competencias exclusivas del Estado sobre Hacienda en general que ahora el gobierno catalán pretende arrogarse en exclusiva...
Al margen de su inconstitucionalidad, hay también que echar un vistazo a cómo quedarían las cuentas con este nuevo modelo de financiación catalán. Desde el Gobierno, el ministro Zaplana ha sido lo suficientemente ágil para emplazar a Zapatero a que aclare qué autonomías deberían reducir su favorable balanza de pagos al Estado central para que Cataluña equilibre la suya. Según un reciente estudio de la Fundación BBVA, las cuatro comunidades autónomas con mejor saldo fiscal per cápita —ingresos menos aportaciones al Estado Central— son Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucia. Las cuatro son gobernadas por el PSOE. ¿Van Ibarra, Chaves o Bono a renunciar a lo que ingresan de más para que Maragall pueda ser aupado por los independentistas a la presidencia de la Generalitat?
Zapatero va camino de que no le voten en las generales ni los compañeros de partido...