Parece ser que las huestes nacionalistas que gobiernan en Cataluña no han tenido suficiente con el CAC. Al fin y al cabo, este organismo tiene un gran defecto desde su punto de vista: sólo posee competencias en materia de televisión y radio, que es donde pueden quitar frecuencias a los discrepantes. Sin embargo, parar una rotativa es un proceso más complicado y que exige la intervención de un juez, lo cual pone una serie de trabas que impiden que se haga sin más la voluntad de los mandamases de ERC.
Así, Carod Rovira ha anunciado que la Generalidad emprenderá "acciones legales" sin especificar contra el diario ABC y la diputada del PPC Carina Mejías por criticar el despilfarro que suponen las pseudo-embajadas catalanas. Lo que denunciaban ambos era que los miembros de esos organismos pueden llegar a cobrar hasta 12.000 euros mensuales en dietas, dependiendo del destino; la defensa de Carod se limita a especificar que eso no es así en los cargos de designación directa, sino sólo en los de los funcionarios de carrera que estén desplazados. Por tanto, los pseudo-embajadores "sólo" cobrarían 9.000 euros al mes.
Resulta difícil encajar esas "acciones legales" en un tipo penal realmente existente. Al fin y al cabo, nadie ha acusado a Carod Rovira de cometer un delito, ni tampoco parece que sea una ofensa al honor que el político nacionalista se gaste un pastizal en sus embajaditas, algo que defiende y de lo que se siente, de hecho, orgulloso. Se suele decir que en las democracias la oposición acosa al Gobierno y en las dictaduras es el Gobierno quien acosa a la oposición. Denunciar con dinero público a un diputado de la oposición porque ha criticado un derroche del Gobierno es un ataque directo a la libertad de expresión, aun cuando Carod tuviera razón en las cifras exactas del despilfarro.
En Cataluña se ha instaurado un régimen en que la crítica al Gobierno se toma como algo delictivo que, además, no está dirigido contra los políticos concretos que llevan las riendas sino contra Cataluña entera. Un régimen en el que los principales medios locales colaboran, colocando los conocidos sambenitos de "anticatalanes" o "catalonófobos" a quienes piden, simplemente, que se respete la libertad individual en cuestión de lengua o que se deje de derrochar dinero público –especialmente en tiempos de crisis– en informes sobre temas absurdos que no se leen, en pseudo-embajadas, en selecciones catalanas o, incluso, ¡en apoyar las lenguas indígenas de Ecuador!
Cuando se ha pactado principalmente con la Generalidad de Cataluña –con los demás gobiernos autonómicos de convidados de piedra– una nueva financiación que convierte al Ejecutivo de esta región en receptor neto de fondos públicos según algunos baremos, los políticos catalanes deberían ser especialmente cuidadosos a la hora de gastar. Resulta hiriente para muchos españoles que creen que las regiones más ricas deben sufragar parte de los gastos de las más pobres que Cataluña pase ahora a recibir más de lo que aporta. Si encima se gasta el dinero en fomentar el separatismo, es comprensible que la indignación sea mayor.
Pero nada de esto importa a Carod. Lo que le preocupa es que una diputada y un periódico de "Madrit" le critiquen por gastarse una millonada en una paletada ridícula. Pocas cosas definen más y mejor –es decir, peor– a un político.