No está del todo claro, legalmente hablando, que se pueda condenar por prevaricación a un fiscal. Se asume que la Fiscalía es un ente único, y por tanto no puede culpabilizarse de sus decisiones a una de sus partes, en este caso, el fiscal Fernando Burgos, el mismo que se prestó a sustituir a Jesús Alonso cuando éste se negó a rebajar la petición de pena contra De Juana Chaos. Pese a ello, la mañana del viernes en la Audiencia Nacional casi no se hablaba de otra cosa que no fuera la posibilidad de castigar legalmente al responsable material de que Otegi esté hoy en la calle. La razón, que el fiscal tenía ya redactadas las conclusiones antes de la práctica de prueba, es decir, antes de que se presentaran las pruebas en el juicio. En todo caso, y como mínimo, cabría atribuirle el delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Las excusas con que el Gobierno y los fiscales que lo sirven y rinden pleitesía han intentado defender la actuación lacayuna de Burgos sólo cabría calificarla de patéticas, si no fuera porque la imposibilidad absoluta de encontrar argumentos razonables obliga a reconocer el mérito de sus balbuceos. La primera de las excusas aducidas por López Garrido, que la Fiscalía no habría encontrado delito en el homenaje de Otegi a una etarra, no se tiene en pie después de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en la que deja bien claro que había motivos para condenarlo y sólo la actuación del subordinado de Conde Pumpido impidió hacerlo.
La segunda excusa fue aún más endeble, pues afirmó que es el PP quien debía haberse personado en la causa como acusación particular para evitar que la retirada de la Fiscalía tuviera las consecuencias que tuvo. No deja de ser notable que admita tan abiertamente que el partido de la oposición ha quedado ya como único garante de la legalidad, pero además la aplicación de semejante argumento en su literalidad implicaría obligar a que los ciudadanos se personaran en todos los procesos penales para que éstos pudieran llevarse a cabo, convirtiendo por tanto a la Fiscalía en un órgano inútil y prescindible. Eso sí, tanto el único partido de la oposición como las asociaciones de víctimas deberían tomar nota. A partir de ahora deberán personarse en todos los procesos susceptibles de ser "candizados" si quieren que exista alguna posibilidad de que se haga Justicia.
Finalmente, la Fiscalía ha intentado contraatacar por dos vías la puesta en evidencia de su comportamiento servil tanto al Gobierno como a Batasuna-ETA. La primera ha sido el insulto directo, calificando la sentencia de "pataleta infantil e impropia" y calificando la actitud de los jueces de "teatro vergonzoso", algo contra lo que debería reaccionar con prontitud el CGPJ. Pero después han intentado encontrar una excusa técnica en la que refugiarse.
Ha sido el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien la ha ofrecido, argumentando que el tribunal ha prevaricado al no acusar de prevaricación al fiscal sabiendo que el fiscal prevaricaba. O algo así. La percha es el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el tribunal puede invocar "de forma excepcional y con moderación", cuando el delito "ha sido calificado con manifiesto error". Sin embargo, ese artículo sólo puede emplearse cuando el tribunal considere que los hechos de los que se acusa al inculpado no se corresponden con el delito que se le imputa, no cuando se le retira la acusación. Cabe preguntarse si el fiscal jefe debería seguir en su puesto después de emitir la nota de prensa, que sólo puede haber escrito por dos razones: incompetencia o mala fe. Ambas motivo suficiente para que deje su cargo inmediatamente.
Lo que ha quedado más claro que el agua es el motivo por el que se echó a Fungairiño de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hay apaños para los que estorban los funcionarios decentes y responsables.
