Veinticuatro horas después de que Campa, Salgado y Alonso justificaran con los más variados e insostenibles pretextos la pasividad del Gobierno ante la desatada desconfianza de los inversores hacia la solvencia de nuestro país, Zapatero se ha descolgado con el anuncio de un paquete de medidas tales como una rebaja fiscal para las pymes, la regulación de las agencias privadas de colocación, la eliminación del subsidio de 426 euros para parados sin prestación o la privatización del 49% de Aena y del 30% de Loterías del Estado.
Qué duda cabe de que la privatización, la reducción del gasto público y una menor presión fiscal para las empresas son medidas, todas ellas, encaminadas en la buena dirección. Sin embargo, son clamorosamente insuficientes si lo que se pretende con ellas es algo más que una efímera relajación de la ruinosa prima de riesgo que está padeciendo nuestro país. El recorte que requieren nuestras descontroladas administraciones públicas para volver a generar confianza y sentar las bases de la recuperación exige algo más que una tijera de uñas, pues al cabo deja intacto el grueso de reformas y recortes que son necesarios para que España salga del hoyo.
Y es que, lejos de medidas aisladas e insuficientes como las que nos ocupan y que dan imagen de improvisación, se necesita un plan integral que afronte de verdad y de manera urgente la necesidad de poner coto al despilfarro público, especialmente el autonómico. Dicho plan debería incluir también un programa de privatizaciones mucho más ambicioso, especialmente la de las cajas de ahorro, así como una auténtica liberalización del mercado laboral y energético. Eso, por no hablar de una no menos urgente reforma de nuestro insostenible sistema de pensiones.
Al no entrar en todos estos terrenos decisivos, el gesto de Zapatero, no por positivo, deja de ser eso, un gesto. Es más, incluso si nos centramos en las medidas anunciadas, cabe preguntarse algo tan relevante como cuándo van a llevarse a cabo. Aunque el presidente haya asegurado que el viernes lo explicará, así como que anunciará alguna otra medida adicional de menor calado, ya podemos también señalar algunos aspectos nada estimulantes e incluso contradictorios con las medidas ya comentadas. Tal es el caso de la propuesta de que los servicios públicos de empleo cuenten con otros 1.500 "orientadores" con el supuesto objetivo de facilitar la creación de puestos de trabajo, o el anuncio de que los funcionarios de nuevo ingreso se integrarán en el Régimen General y que el Régimen de Clases Pasivas "quedará a extinguir".
Y es que, ¿qué sentido tiene esta reducción del gasto público y esta mayor participación de las ETTs cuando al tiempo se anuncia la contratación de un millar y medio de inútiles "orientadores" a cargo del dinero del contribuyente? Y en cuanto al régimen funcionarial, lo que hay que limitar al máximo son funcionarios de nuevo ingreso.
Por otro lado, aunque el principal partido de la oposición no sólo tenga el derecho sino el deber de denunciar lo contradictorio, improvisado, tardío y, sobre todo, insuficiente de lo anunciado por Zapatero, también tiene el deber de apoyarlo en lo que de positivo tiene. Un deber que alcanza también al de mostrar una alternativa que mejore todo aquello que considere insuficiente. Sin renunciar a la crítica, la del PP debe ser una oposición constructiva y responsable. A no ser, claro está, que a lo que aspire Rajoy sea gobernar en un erial como el que Zapatero, paso a paso, improvisación tras improvisación, va construyendo.