A la vista de la burda demagogia con la que tantos están defendiendo la dación en pago retroactiva y la paralización de todos los desahucios de primera vivienda, bien está que el PP haya aceptado debatir esta irresponsable iniciativa legislativa popular en el Congreso, siempre y cuando sea para rebatirla y no para dejarse arrastrar por ella.
Al contrario de lo que propaga la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los políticos y medios de comunicación que la jalean, las personas que se han visto forzadas a tener que abandonar su vivienda por no poder hacer frente a su hipoteca –muchísimas menos de los que ellos afirman– no son afectados ni víctimas de ninguna ley hipotecaria, sino del paro y de la crisis. Tratar de evitar este drama vulnerando por mandato legislativo los contratos por los que se concedieron los créditos y prohibiendo los desahucios de primera vivienda sería encubrir los síntomas mediante el agravamiento de la enfermedad económica que estamos padeciendo.
La inseguridad jurídica y el debilitamiento como Estado de Derecho que nos acarrearía esta miope, demagógica y bien retribuida iniciativa popular provocaría nefastas y contraproducentes consecuencias, por mucho que no las perciban quienes aprovechan la gravedad del problema para ocultar la insensatez de su solución. Los millones de ciudadanos que pagan cumplidamente sus hipotecas o que han renegociado con los bancos mayores facilidades de pago, ¿se habrían molestado en hacerlo sabiendo que el impago ya no les conlleva el riesgo de tener que abandonar su vivienda? ¿Se molestarían en seguir cumpliendo su compromiso si, a partir de ahora, su incumplimiento ya no conllevase las mismas dolorosas consecuencias que acordaron en el momento de firmar el contrato de préstamo? ¿Concederían los bancos los mismos créditos –o a iguales tipos de interés– sabiendo que, a partir de ahora, las personas a las que se los conceden pueden eludir completamente su compromiso de devolver el dinero prestado mediante la entrega al banco de una vivienda de la que, en muchos casos, tampoco estarían obligados a salir?
No se nos pasa el hecho de que hay muchísimos más ciudadanos que acarrean con una hipoteca que los que se dedican a concederlas; pero sólo el más barato y miope utilitarismo y el más demagógico electoralismo pueden fijarse en eso para pasar por alto los efectos perversos y el grave perjuicio social que, a la larga, conllevaría esta bienintencionada pero insensata vulneración de nuestro ordenamiento jurídico. Sólo las partes que intervinieron libremente en los contratos tienen derecho a renegociar su adaptación a las críticas circunstancias sobrevenidas. En caso contrario, sería una injusticia que no dejaría de serlo por el poco o mucho dinero que tengan quienes saquen provecho de ella.
Esperemos, en definitiva, que el Gobierno aproveche el debate para rebatir la demagogia y no para sucumbir ante ella.