En un Gobierno de izquierda es de esperar que la propaganda sea la salsa que acompañe todos los guisos del Consejo de Ministros. Tanto para no adoptar las reformas adecuadas como para edulcorar las más radicales, la propaganda se convierte en un instrumento indispensable.
La crisis española nos ha brindado hasta la fecha innumerables ejemplos de cómo el PSOE ha hecho uso de la misma para enmascarar una pésima gestión política que sólo ha contribuido a agravar los problemas.
Así, por ejemplo, para bloquear la necesaria liberalización del mercado laboral que nos permitiría dejar de ser el farolillo rojo de Europa en términos de creación de empleo, el Gobierno convocó a los sindicatos y a la patronal para desarrollar aquello que se vino a llamar "diálogo social"; o, para postergar la reforma de un sistema de pensiones con cada vez más agujeros negros, se apela a la convocatoria del Pacto de Toledo precisamente para no resolver nada. El PSOE ha hecho buena la máxima de Napoleón que aconsejaba montar una comisión –o un espectáculo mediático– para lograr que un problema se demorara indefinidamente.
De la misma manera, cuando de lo que se trataba no era de ocultar la inacción con aparentes decisiones rimbombantes, sino de maquillar una agenda política impopular y liberticida, la propaganda también se convirtió en su mejor aliada. Todavía tenemos recientes en la memoria las amenazas contra los ricos con las que se pretendía publicitar la mayor subida fiscal de la historia de la democracia, por mucho que, al final, el grueso del incremento recayera en el IVA.
De lo que, sin embargo, no teníamos demasiado ejemplos era de que el PSOE utilizara la propaganda para no adoptar medidas de corte intervencionista que, en principio, integran su empobrecedor ideario político. Todo hacía prever que la Ley de Economía Sostenible, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, iba a ser el ariete legislativo con el que Zapatero controlaría y regularía la economía con la excusa de cambiar desde el Estado el modelo productivo en tiempos de crisis, pero al final ha quedado reducida a una serie de medidas o ya anunciadas o poco relevantes sobre la coyuntura.
De este modo, se limitan las temperaturas de la calefacción y del aire acondicionado en los espacios públicos con el absurdo pretexto de que es necesario ahorrar energía, cuando lo realmente necesario es producir energía más barata: todo lo contrario a lo que nos han proporcionado las masivas subvenciones con las que Zapatero ha venido agraciando a las energías renovables.
Igualmente irrelevante para la coyuntura es que los directivos de las empresas cotizadas publiquen sus sueldos, una medida que parece más orientada a satisfacer la curiosidad de los ciudadanos que a mejorar el funcionamiento de nuestra economía. Un ejercicio de supuesta transparencia, por cierto, que podría terminar en una broma si se realizara con el mismo rigor que la declaración patrimonial de los miembros del Gobierno.
Mucho más relevante sería que las administraciones públicas atendieran sus pagos puntualmente y dejaran de ser el deudor moroso más importante de España. Muchas empresas se encuentran al borde de la suspensión de pagos precisamente porque han prestado unos servicios que no han cobrado y cuyos dudosos pagarés los bancos se niegan a admitir al descuento. La ley contempla una reducción del pago a pymes y autónomos de 60 a 30 días, si bien tal medida sólo será aplicable a partir de 2013, esto es, cuando tal vez Zapatero ya no se encuentre en la Moncloa y cuando muchas de las empresas que necesitan hoy el dinero ya hayan desaparecido.
No cabe duda, pues, de que nos encontramos ante un anteproyecto de ley improvisado –los distintos ministerios remitieron sus borradores este miércoles y en apenas dos días los ensamblaron para dar forma a lo que debería ser "la nueva economía española"– y en general negativo para la economía. Ni siquiera alguno de los aspectos más o menos positivos –las deducciones fiscales– está libre de suspicacias, ya que la arbitrariedad en su reparto –que también afecta a los 20.000 millones de euros instrumentados por el ICO– podrían inducir un desarrollo económico en sectores totalmente politizados y generadores de muy poco valor añadido, como ya ha ocurrido con las energías renovables.
Sin embargo, en comparación con lo que cabía esperar, habida cuenta de la siniestra trayectoria de este Gobierno, bien podemos celebrar que el PSOE haya puesto en marcha la máquina propagandística simplemente para vender humo. Ya que este Gobierno parece incapaz de hacer algo bien, contentémonos con que al menos no haga algo muy mal.