A día de hoy 42 municipios en cuatro provincias son gobernados por un partido ilegal. 43 alcaldes, 25 de ellos elegidos por mayoría absoluta, a los que hay que sumar 432 concejales repartidos por el País Vasco, Navarra y el condado de Treviño, un pedazo de la provincia de Burgos que el nacionalismo vasco reclama para sí. Este es el poder contante y sonante con del que dispondrá la ya extinta Acción Nacionalista Vasca hasta las elecciones municipales de 2011, año en el que los amigos de la ETA se verán obligados a buscarse una nueva coartada política para recobrar el poder y usarlo en consecuencia. Es un misterio si para entonces el Gobierno habrá cambiado nuevamente de opinión y los proetarras podrán burlar, una vez más, la letra y el espíritu de la Ley.
Por de pronto, van a seguir mandando donde ya lo hacen, y donde no estarán plenamente facultados para influir, votar, elegir y ser elegidos. Y todo eso a pesar de que su partido es ilegal, tan ilegal como Batasuna, tan ilegal como Euskal Herritarrok, tan ilegal, en suma, como cualquier formación política que forme parte, ampare o sea un instrumento de una banda terrorista. Esto ya lo sabíamos hace año y medio, cuando, con el objetivo declarado de esquivar la Ley, presentaron sus listas en las elecciones locales. Se denunció entonces desde la prensa y desde la calle, pero el Gobierno Zapatero, más interesado en salvar in extremis su "proceso de paz" que en hacer cumplir la Ley, permitió que los neobatasunos se hiciesen con un parte nada desdeñable del poder municipal en el País Vasco.
Con el daño ya hecho, sólo cabe pedir enérgicamente que los ayuntamientos donde figuren concejales de ANV sean disueltos sin más demora. Y no por un capricho, sino en aplicación de la legislación vigente, que en su Artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local es concluyente al respecto. No sería, además, la primera vez que esto sucede, es decir, que se suspende una corporación municipal, aunque, eso sí, por causas diferentes. Si hace dos años se tomó la decisión de disolver el ayuntamiento de Marbella por irregularidades urbanísticas, ¿qué no habría de hacerse en el caso de esos más de cuarenta ayuntamientos gobernados por un partido declarado ilegal por sus vinculaciones con la ETA?
La pelota está de nuevo en el tejado del Gobierno, que tan satisfecho se ha mostrado tras la ilegalización de un partido del que, hace sólo 18 meses, decían que era inofensivo. Hoy ya no lo es, pero sus representantes, que han obtenido suculentas subvenciones en concepto de grupo institucional, siguen siéndolo porque siguen donde están. ¿Hará falta que la ETA ponga unos cuantos muertos sobre la mesa para reblandecer a Zapatero? O, si las tornas cambian, ¿será el propio Zapatero el que afloje el dogal que ahora ha apretado buscando el aplauso de la opinión pública? Visto lo visto, el Gobierno carece por entero de política antiterrorista y parchea aquí y allá según le va conviniendo y según va cambiando el momento político. Ahora, por ejemplo, toca dureza porque el panorama no está para abrirse más frentes de los que la crisis económica le ha abierto. Mañana, Dios dirá.