Si resulta preocupante que el Gobierno gobierne contra la Oposición, más preocupante aún es que el Ministerio del Interior la vigile de cerca. En España a día de hoy se dan ambos fenómenos, más propios de una república bananera que de una democracia europea y madura. El Ejecutivo socialista lleva cinco años empeñado en poner al Partido Popular en el tirador cuando, en rigor, debería ser al contrario. En la primera legislatura gobernando contra Aznar, en la presente asistiendo impasible a las filtraciones sistemáticas que pasan cada semana del Ministerio del Interior al diario El País, que es, si no el favorito del Gobierno, si al menos el de Zapatero tal y como aseguró en cierta ocasión.
En la España democrática la gran mayoría de casos de corrupción política han sido descubiertos gracias a los buenos oficios de la prensa. Tras meses e incluso años de investigación periodística han salido a la luz pública las ilegales andanzas de concejales, alcaldes, secretarios de Estado y hasta algún ministro. En el caso Gürtel no ha sido así. La prensa no ha destapado las presuntas irregularidades de Francisco Correa, sino la Policía Nacional que, tras una operación que llevaba ese mismo nombre, Gürtel, puso en marcha la maquinaria judicial que está pasando como un rodillo por encima de todo el PP. Hasta aquí todo perfecto; Una de las funciones de la policía es actuar de oficio si observa indicios de delito. Pero lo que no entra de ningún modo en sus funciones es dejar que esa información se filtre a los medios de comunicación.
En este caso, además, la filtración no ha sido general, con todos los medios publicando los secretos del sumario cada mañana, sino tremendamente selectiva. De la evolución del caso Gürtel nos hemos ido enterando a través de El País (y sólo de El País), que parece haber dispuesto de una especie de exclusiva sobre el tema. Quien haya dado al diario de PRISA esa ventaja sólo puede saberlo Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior y custodio último de toda esa información.
Pero Rubalcaba parece no tener la más mínima intención de investigar de dónde salieron esas filtraciones para, después, tomar cartas en el asunto. El caso Gürtel no consiste sólo en los trapicheos de unos individuos más o menos cercanos a la cúpula del Partido Popular: va mucho más allá, es un torpedo en la misma línea de flotación del principal adversario político del partido al que Rubalcaba pertenece. Un torpedo que fue disparado en plena campaña electoral y que, en lo que llevamos de año, ha sido la principal y casi única herramienta de acción política de un PSOE noqueado por la crisis y con unas expectativas de voto decrecientes.
Por lo tanto, como bien ha remarcado el diputado popular Ignacio Cosidó, si Rubalcaba insiste en no investigar la procedencia de esas filtraciones habrá que empezar a pensar que las conocía y, lo que es peor, que las ha consentido durante todo este tiempo en virtud de unos ruines cálculos políticos. Estaría, además, delinquiendo, porque desvelar parte o la totalidad de un sumario decretado como secreto es constitutivo de delito. Al ministro no le queda otra opción que abrir una investigación si quiere, claro está, permanecer dentro de los límites de la decencia. Aunque presumir eso en Rubalcaba quizá sea pretender demasiado.