El desayuno de los lectores de El País vino amenizado por otra de las exclusivas de Ernesto Ekaizer, en la que se aseguraba que fiscal y juez de la Audiencia Nacional no apreciaban delito alguno en el acto público en el que la ilegalizada Batasuna presentaba una "comisión negociadora" para una "mesa de partidos". Era difícil que un acto político de una organización ilegalizada por pertenecer al entramado de la banda terrorista ETA no fuera considerado ilegal por un juez como Grande Marlaska. De modo que no sorprende que desobedeciera el dictado del diario de Prisa y ampliara la imputación de Otegi y otros siete batasunos por dicho acto.
Parece, no obstante, que la información del BOE ilustrado responde a exactamente el mismo patrón que pudimos observar hace una semana. Si el viernes Otegi aseguraba estar harto de "discursitos sobre el Estado de Derecho" por parte del Gobierno y aseguraba que la citación de Grande Marlaska ponía en peligro el proceso de rendición ante la ETA, el domingo Zapatero daba prematuramente por verificado un alto el fuego inexistente. Pocos días después, Permach volvía a vincular los posibles encarcelamientos de dirigentes batasunos con el "bloqueo" del proceso, e inmediatamente el Gobierno ponía en boca de su portavoz más cualificado un mensaje tranquilizador. Tranquilizador para los etarras, naturalmente.
Si hay algo que ya debería estar claro en la relación entre ETA y Zapatero es que son los primeros los que llevan las riendas, lo que supone una humillación sin precedentes en nuestro sistema democrático. Estos acontecimientos lo confirman de nuevo, como si hiciera falta una nueva verificación de lo obvio. El presidente socialista ha colocado a un estado democrático de derecho al albur del humor con que unos terroristas se levanten por la mañana. Desgraciadamente, es justo lo que cabía esperar del Gobierno del 14-M.
Los portavoces mediáticos del PSOE intentarán presentar a Zapatero como un hombre bueno que quiere la paz, acosado por todo y por todos, por los extremismos –equiparables– de batasunos y dirigentes del PP y, ahora, por la actitud de un juez que se obstina en hacer cumplir la ley, pese a los esfuerzos de la Fiscalía por dejarlo solo. Y es que, una vez defenestrado Eduardo Fungairiño, ya tenemos como fiscal jefe de la Audiencia Nacional a un hilo conductor de los deseos del Gobierno, tal y como quería Conde Pumpido; hilo conductor también de filtraciones, ciertas o falsas pero ciertamente interesadas, al Grupo Prisa.
No parece que existan argumentos legales que oponer a las decisiones de Grande Marlaska, tan sólo este nuevo clima político en el que los dirigentes de Batasuna son tratados con mucho más miramiento que los militantes del PP que tienen la desgracia de estar cerca de un ministro en una manifestación convocada por las víctimas del terrorismo. Pero será precisamente eso lo que se empleará para apretarle las tuercas al juez e intentar que sea más "comprensible" con la "nueva situación". Esperemos que sepa resistir y cumpla con su deber, tal y como ha hecho hasta ahora.
