PRISA y el negocio del nacionalismo

El grupo PRISA siempre ha estado comprometido con el jacobinismo antiespañol, calificando de nostálgicos del franquismo o de casposos nacionalistas españoles a todos los que reivindican la historia, el idioma y la cultura de España –una de las naciones más antiguas de Europa, que civilizó y gobernó el imperio más vasto que han conocido los siglos con apenas un puñado de hombres. Sin embargo, lo cierto es que la actitud ante la cuestión nacional de lo que hoy ya puede considerarse su brazo político, el PSOE, sería difícilmente comprensible –por lo que implica de suicidio político– si no fuera por el pacto político-empresarial entre PRISA y el PNV, en diciembre de 2000, al que asistieron los personajes más influyentes del nacionalismo vasco (Arzalluz y Anasagasti) y de PRISA (Polanco, Iñaki Gabilondo, Soledad Gallego y María Antonia Iglesias).

La reciente concesión –6 de marzo– del Gobierno vasco obtenida por el grupo de Polanco –adjudicación urgente a la editorial Santillana del suministro de materiales de autoaprendizaje para Internet por valor de 1.045.000 euros, de un total de 1.285.000– ha de interpretarse como una consecuencia más de la relación de privilegio entre PRISA y el PNV, establecida en ese pacto que tantos beneficios ha procurado ya a Polanco. El grupo Santillana, a través de Zubia Editoriala –que edita material escolar en euskera, especialmente los libros de texto donde se reinventa la historia del País Vasco–, ha recibido sustanciosas subvenciones del Gobierno vasco (354.000 euros en los últimos tres años). También tiene acuerdos con “Euskalgintza Elkarlanean Fundatzioa”, una fundación-editorial afecta al nacionalismo radical y vinculada a Egunkaria y a la Federación de Ikastolas, a la que el Gobierno vasco ha avalado créditos por valor de 3.500 millones de pesetas. Asimismo, PRISA gestiona la exclusiva publicitaria del diario Deia (cuya sede madrileña se encuentra en las oficinas de PRISA) y la de EiTB –la radio-televisión autonómica vasca emitida también por la plataforma digital de Polanco– a través de GDM (Gerencia de Medios).

El grupo de Polanco también está presente –de la mano del empresario independentista Juan Celaya, presidente de CEGASA y responsable de “Euskal Fundatzioa”, fundación dedicada a la promoción del euskera y a la concienciación nacional de la “diáspora vasca”– en El Periódico de Álava y el Diario de Noticias de Navarra (en cuyos talleres se imprimía el diario Egunkaria), que comparten suplemento dominical editado conjuntamente por PRISA y Zeta y cuya publicidad es comercializada conjuntamente con la de El País Semanal. Las excelentes relaciones con Ibarretxe le han permitido al cántabro, asociándose con Euskaltel –el operador digital vasco, presidido por José Antonio Ardanza y en cuyo consejo también se encuentran Ibarretxe e Idoia Zenarruzabeitia–, ampliar su red ilegal de televisiones locales con Localia Guipúzcoa, Canal Gasteiz y Canal Bizkaia, subvencionadas por el Gobierno Vasco por promoción del Euskera.

Todo un entramado empresarial al servicio de la causa nacionalista y del lucro y las ambiciones políticas de Polanco, González y Cebrián, cuya principal consecuencia política es el acercamiento, impulsado desde los medios de comunicación de PRISA, entre el PSOE y el PNV, con el horizonte de la ruptura del Pacto Antiterrorista. Así, no es extraño que Nicolás Redondo Terreros, el principal obstáculo a ese acercamiento, fuera aplastado inmisericordemente por la maquinaria de PRISA. Ni que José Luis Rodríguez Zapatero, viendo la suerte que corrió Redondo, se haya convertido en marioneta de González y Polanco y no se atreva a desautorizar públicamente a Elorza o Maragall, principales apoyos políticos fuera del PNV y de ETA-Batasuna al proyecto separatista de Ibarretxe. Ni tampoco que el PSE adopte las tácticas dilatorias del tripartito oponiéndose el lunes a iniciar en la cámara vasca la inmediata disolución de Socialistas Abertzales (la denominación que asumió el grupo parlamentario de Batasuna después del auto de suspensión de Garzón) que exige la sentencia del Supremo.