Desde que en 1993 José María Aznar prometiera la privatización de uno de los canales de TVE, ningún Gobierno nacional o autonómico del PP ha sido coherente a la hora de llevar a cabo una auténtica liberalización del sector audiovisual español. En general, la política de ese partido ha seguido la llevada a cabo por socialistas y nacionalistas: proliferación de canales públicos, limitación del número de operadores privados, aumento del déficit y sesgo progubernamental de los servicios informativos. En la actualidad, 13 de las 17 Comunidades Autonómas disponen de canales públicos cuyas audiencias han disminuido en los últimos años.
Pese a las advertencias de la Unión Europea, que en 2005 reprendió al Gobierno de España por el escandaloso nivel de endeudamiento de RTVE, la gestión de los medios de comunicación de titularidad pública en nuestro país se caracteriza por el derroche, la manipulación informativa y la obstaculización sistemática de las iniciativas privadas. En este contexto, la apuesta del PP de Madrid por la privatización de Telemadrid, que emite dos canales de televisión y tiene que afrontar un déficit de 30 millones de euros y una deuda de 200, es una excelente noticia para todos los contribuyentes madrileños.
De la promesa incumplida de Ruiz-Gallardón, que heredó un agujero de 210 millones del anterior Gobierno socialista, de un modelo mixto, hemos pasado a la privatización, única política que de verdad ahorra dinero al ciudadano y redunda en un aumento de la libertad y la pluralidad. Esperamos que esta medida, recogida en la ponencia política del PP de Madrid para su congreso del 19 de septiembre, sea el primer paso en un impulso liberalizador que fomente el desarrollo de una industria con un enorme potencial de crecimiento en toda España.
Por tanto, los temores expresados por la izquierda y los sindicatos son infundados, pues la privatización de Telemadrid no tiene por qué traducirse en una pérdida de puestos de trabajo. Al contrario, la modificación del marco legal que rige la libertades de expresión y difusión de ideas y opiniones en un sentido liberalizador abre un sinfín de oportunidades a los profesionales del sector y a quienes deseen invertir en medios de comunicación. Además, la privatización de los entes públicos de radio y televisión es la política más consistente con el artículo 20 de la Constitución, que reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” sin censura previa.
La defensa de la libertad de expresión y de información y la desconfianza y protesta contra la injerencia estatal en este asunto ha sido una de las constantes en la tradición liberal y democrática, pues se considera que la también denominada “libertad de prensa” es un condición sine qua non del Estado de derecho. Así, la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 recogió en su artículo 11 “la libre comunicación de pensamientos y opiniones” como “uno de los derechos más preciosos del hombre”. También la Carta de Derechos de los EE.UU. mencionaba en su primera enmienda la libertad de expresión como uno de los valores fundamentales de la nueva nación.
La valiente decisión del PP de Madrid es un hito en la consolidación de la democracia y una interpelación a todos los políticos que se aferran al control de los medios de comunicación como instrumento de persuasión y de perpetuación en el poder. Frente al intervencionismo socialista en todas las esferas de la vida social, la única opción congruente con la libertad es el fortalecimiento de la sociedad civil a través del fomento de las iniciativas privadas y del libre mercado. La privatización de Telemadrid coloca al Gobierno de Esperanza Aguirre en la vanguardia de España. Que cunda el ejemplo.