Aunque la sesión de la comisión de este martes era secreta, los diputados del PNV y ERC han violado su confidencialidad haciendo público que los informes del CNI a los que han tenido acceso sostienen que los detonadores de la furgoneta de Alcalá fueron localizados en la mañana del 11-M. Los informes, según la versión de ambos diputados independentistas, no sólo contradicen a la Policía y la Guardia Civil sino que además, en al menos dos, se hace referencia a una "posible existencia de terroristas suicidas" cuando la directora del Instituto Anatómico Forense ya lo había descartado.
Nosotros, al igual que los representantes de PP, exigimos al Gobierno que desclasifique todos los documentos examinados por la comisión y que los ciudadanos tengan acceso directo, sin filtraciones de terceros, al contenido de los mismos. Más aun si, como se ha sabido, uno de los párrafos de los informes facilitados por el Gobierno aparece tachado.
Eso no obsta, sin embargo, para que vaya por delante nuestra denuncia contra el vergonzoso y probablemente delictivo proceder de ambos diputados independentistas al revelar el contenido de unos informes que el Gobierno supuestamente les facilicitaba bajo condición legal de confidencialidad. La revelación de secretos es un delito tipificado en nuestro Código Penal que, en el caso de una autoridad o funcionario público, además de con penas de cárcel, se castiga con la inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años. Si el Gobierno de ZP quería que se conociera por la opinión pública esa parte —porque sólo es parte— de esos informes que ha facilitado a los miembros de la comisión, lo que tenía que haber hecho era, simplemente, desclasificarlos. Así podríamos los ciudadanos y los medios de comunicación analizarlos directamente, y no hacerlo en función de lo que de ellos han dicho unos diputados.
Si la filtración llevada a cabo por los independentistas no era la voluntad del Gobierno de ZP, suponemos que coherentemente denunciará políticamente e instará al fiscal contra esos diputados que de forman tan notoria y con tanta premura han corrido a violar el secreto que por imperativo legal deberían mantener.
Daría para otro editorial la miope y censurable condescendencia de la clase periodística ante estas delictivas revelaciones de los políticos de las que muchos medios creen que pueden beneficiarse en su tarea de dar a conocer a los que quieren saber. Pero dejando aparte las cuestiones de forma, vayamos al supuesto contenido de esos informes.
En primer lugar, el informe del CNI, fechado el 16 de marzo, contrasta con lo mantenido, tanto en sus declaraciones ante la comisión como en sus informes, por la Policía y la Guardia Civil, y refuerza, por el contrario, la tesis del portero que descubrió la furgoneta y que, hasta ahora, había sido el único que había mantenido que los detonadores ya fueron descubiertos por unos agentes en la mañana del 11.
Pues bien. Tal y como decíamos el pasado miércoles “cabe reparar en que, independientemente de cual de las dos versiones sea la cierta, queda confirmado que la postura del anterior ministro del Interior apuntando en un primer momento la autoría de ETA, no obedecía a un deseo de manipulación sino que era el resultado de la información que le llegaba. Si, como sostiene el portero, unos agentes —a los que Garrudo dice que no sabría reconocer— ya se introdujeron en la mañana del 11-M en el vehículo y descubrieron la cinta y los explosivos, lo que es un hecho acreditado es que esa supuesta información a la que tuvo acceso el portero no fue transmitida por los agentes a sus mandos. Difícilmente podría, entonces, el entonces ministro de Interior haber puesto en conocimiento un hallazgo que tanto por los informes policiales como por las declaraciones del comisario de Alcalá de Henares sólo se produjo por la tarde y en Madrid, en clara contradicción con lo que ha sostenido el portero”.
Ahora sólo cabría añadir que de ser cierta esta versión del portero, eso no obsta para criticar su acreditada mentira ante la comisión de Investigación cuado afirmó que no había mantenido ninguna clase de contactos con ningún político, cuando en realidad había mantenido una conversación telefónica antes de su comparecencia con el vicepresidente socialista de la comisión.
Por otra parte, los diputados también aseguran que los informes hace referencia a la existencia de posibles terroristas suicidas entre las víctimas. Nuevamente cabe aquí echar de menos el no tener acceso total y directo a los informes y lamentar tener que analizarlos en función de lo que de ellos dicen los políticos . Decir que el informe “hace referencia a la existencia de posibles terroristas suicidas entre los cadáveres” es una expresión tan vaga que puede albergarlo todo. Hasta para descartar una posibilidad de algo se tiene que “hacer referencia” a esa posibilidad. A lo mejor los agentes del CNI simplemente eran sensibles -o le hacían el juego- a la machacona farsa de la SER, que contra viento y marea, insistía en la existencia de un terrorista suicida entre los cadáveres. Lo que es un hecho es que esos cadáveres de terroristas suicidas no existieron y que esa posibilidad contradice otros informes del propio CNI y el propio informe y declaración de la directora del Instituto Anatómico Forense, encargado de las autopsias a las víctimas.
Para colmo, el PSOE ha impedido de nuevo este martes que los confidentes encarcelados declaren ante la comisión de investigación del 11-M, como solicitaba el PP. El PSOE ha aceptado la intervención en la comisión de Félix Hernando, superior de los guardias civiles que visitaron a Zouhier en la cárcel los días 9 y 14 de abril, y un hombre de tanta confianza del felipismo tardío como para que Rafael Vera le hiciera responsable de entregar en Suiza los maletines a las mujeres de Amedo y Domínguez...
Aun falta mucho para que sepamos toda la verdad, lo que ya es un hecho son los esfuerzos de muchos para ocultarla.