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Columna publicada el 22-12-2008
Parece que los planes de estímulo que los distintos gobiernos han aprobando a lo largo y ancho del globo no están dando los resultados deseados. Desde luego, es todavía pronto para juzgar las consecuencias concretas y prácticas de tan absurdo derroche de dinero del contribuyente, pero no hace falta esperar demasiado para anticipar que serán ruinosos, precisamente porque ése es el veredicto que ofrece la teoría económica solvente.
Los principales burócratas de España y Estados Unidos también parece que, poco a poco, están llegando a conclusiones similares. En casa, Miguel Ángel Fernández Ordóñez reconoce que la recesión bien podría extenderse más allá de 2010; año en el que ya deberíamos haber alcanzado el pleno empleo si, como augura Zapatero, la creación de puestos de trabajo se reanuda con nuevos bríos a partir del próximo mes de abril.
En la patria financiera del mundo, Estados Unidos, también pintan bastos. No tanto porque su flexible mercado no esté reaccionando y reajustándose con rapidez ante el cúmulo de malas inversiones que se han producido en los últimos años, sino porque los políticos parecen empeñados en que la actividad no levante cabeza. Dentro de un mes, Estados Unidos despedirá a una Administración manirrota como pocas, y parece que el Gobierno entrante ya se afana en hacer bueno a Bush. El vicepresidente Joseph Biden, echando mano del catastrofismo más primario tan del agrado de los liberticidas, ha pronosticado que la economía del país puede quebrar completamente. Y desde luego podría hacerlo, sobre todo si el Estado sigue aumentando con saña su deuda.
Cualquier deudor sabe que la respuesta ante una situación de dificultades financieras que amenacen con producir su quiebra pasa por reducir sus gastos innecesarios, ahorrar tanto como se pueda y amortizar parte de sus obligaciones pendientes. Obama y su equipo de economistas, sin embargo, parecen ir por otro camino. Si Estados Unidos está al borde de la quiebra, tendrá que gastar más que nunca, disparando su endeudamiento hasta cifras disparatadas. Ahora ya anuncian otro plan de 700.000 millones de dólares para "estimular" la economía; como si arrancar las piedras de las paredes de tu casa para estrellarlas contra tu tejado fuera un buen método para incrementar el valor del inmueble.
Al contrario de lo que propugnan los gobernantes a ambos lados del Atlántico –guiados por las más que confusas directrices keynesianas– lo que necesitamos ahora mismo no es un incremento desbocado del consumo (y mucho menos del consumo público), sino del ahorro. Sólo así podremos facilitar la reducción de deuda que están tratando de acometer los agentes económicos y financiar las nuevas inversiones que necesita la economía.
Y una de las formas más sencillas y rápidas que existen para incrementar el ahorro es, precisamente, que el Estado reduzca su gasto público y amortice su deuda (o permita hacer lo propio a familias y empresas mediante reducciones de impuestos). Parece claro que partidas que eliminar no les faltan, empezando por las que diariamente pueden encontrarse en la prensa. Ahora sólo se necesita un poco de voluntad política. Lástima que de esto no vayan sobrados ni Obama ni, sobre todo, Zapatero.
Nuestro presidente sigue en sus trece de que no liberalizará la economía, pese a que incluso su subordinado Miguel Ángel Ordóñez insiste en que esto resulta imprescindible. Y desde luego, si nuestros gobernantes siguen obstaculizando el funcionamiento del libre mercado, sus pronósticos apocalípticos se convertirán, por desgracia, en lo que el sociólogo estadounidense Robert K. Merton denominó "profecías autocumplidas".

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