El mismo día en que el presidente catalán imparte en Madrid una conferencia para explicar sus planes secesionistas, hemos conocido la existencia de una ley de excepción elaborada por la Generalidad para proclamar la república catalana en caso de que la operación fracase por la vía del referéndum.
El texto, desvelado por el diario El País, detalla las medidas clásicas de un Golpe de Estado, que se pondrían en marcha de manera automática tras la aprobación exprés en el parlamento regional catalán de una denominada "ley de transitoriedad jurídica". Esta ley prevé la apropiación por parte de las autoridades catalanas de las infraestructuras del Estado, el control de todos los funcionarios públicos, la asunción exclusiva de la administración de Justicia y la facultad de decidir quién es o no catalán en esa nueva realidad jurídico-política que pretenden alumbrar.
El nivel de detalle es tan preciso, que los redactores de la futura norma fundacional pretenden garantizar por su cuenta y riesgo la permanencia de esa pintoresca república catalana en la Unión Europea o que el resto de los españoles seguiremos pagando las pensiones de todos los catalanes. Nada dice el texto sobre los 80.000 millones de euros de deuda pública acumulada por la Generalidad tras décadas de latrocinio, incompetencia y derroches identitarios, pero es fácil suponer que su deseo es que también quede a cargo de los contribuyentes españoles.
Ahí tiene Soraya Sáez de Santamaría la adecuada respuesta a su irresponsable invitación al presidente regional de Cataluña, para que viniera al Congreso de los Diputados a explicar sus planes golpistas. El papel desempeñado por la vicepresidenta en esta última crisis con los separatistas se pone aún más de relieve tras conocer las medidas de excepción que los nacionalistas catalanes pretenden imponer a los ciudadanos de Cataluña.
Ya puede el presidente Rajoy desgañitarse ante la prensa tachando de abuso los planes de Puigdemont y compañía, pero lo cierto es que si personajes tan mediocres han llegado a amenazar al Estado con su destrucción, es solo porque España tiene un Gobierno incapaz de ponerlos frente a sus responsabilidades al tiempo que hace honor a las suyas, la primera de las cuales es garantizar el orden constitucional.
La delegación separatista ha recibido, como era de esperar, el espaldarazo de la alcaldesa de Madrid y de Pablo Iglesias. Ambos personajes, y sus organizaciones, están siempre dispuestos a lustrar las botas de cualquiera que amenace la libertad de los ciudadanos o pretenda imponer un sistema totalitario. Pero ni Carmena ni Iglesias tienen -afortunadamente- capacidad ejecutiva alguna, al contrario que Soraya Sáez de Santamaría, cuya actitud hacia Puigdemont no difiere en exceso de la de estos liberticidas. Desde esa perspectiva, la vicepresidenta del Gobierno de España supone un riesgo mucho mayor para la estabilidad de nuestro sistema democrático que los planes delirantes de un grupo de delincuentes potenciales de tan baja estofa como los actuales dirigentes de la Generalidad y los que le apoyan en la capital de España.